Europa condena el urbanismo valenciano

La corrupción y el negocio inmobiliario -eufemísticamente descrito como urbanismo- constituyen el tema de actualidad en la agenda política y en el ámbito mediático valenciano. Ya fatigan y se repiten como el pepino, pero no pasa día en que no se enriquezcan con alguna novedad que pone al Consell de la Generalitat contra las cuerdas. La respuesta del Ejecutivo, o sea, del presidente Francisco Camps y de sus gentes, cual venimos viendo, no es otra que sacudirse las pulgas echándole los muertos a otras legislaturas, que es tanto como señalar con el dedo a Eduardo Zaplana como responsable de las trapisondas de Terra Mítica, Ivex e incluso de los prodigios del dirigente castellonense Carlos Fabra, fabulados y musicados por su otrora compinche, el empresarioVicente Vilar. Disco de oro a la vista.

Acerca del urbanismo, el PP busca también un responsable de los excesos, expolios y escándalos que se han denunciado. En éste caso su bouc émissaire es el PSPV, autor que fue -dos lustros largos atrás- de la ley vigente y agonizante reguladora de la actividad urbanística. Acusación que concreta a menudo en muchos alcaldes de esa cuerda partidaria que se aprovechan de las brechas de tal normativa, contribuyendo a la especulación y el desmadre en la recalificación de terrenos, aunque sus camaradas de Madrid no se enteren y los tengan por limpios de polvo y paja. Estos también son reos de haber puesto el país patas arriba en la medida que han podido, pero las recalificaciones delirantes de suelo y la inseguridad jurídica solo al gobierno autonómico son imputables, por más que lo niegue. Una actitud pueril y cerril que, a fuer de defensiva, sólo sirve para enfatizar su culpa.

Lo que no puede soslayar -decimos del PP indígena-, es la reiterada condena de la Unión Europea, con el masclet final -por ahora- que es el Informe Fourtou, que insta una moratoria para la recalificación de terrenos hasta la promulgación de la nueva ley urbanística, que también se objeta por insuficiente en punto a garantías homologables a las europeas. Una condena en toda regla que, la verdad sea dicha, resulta vergonzante. Desde Europa vistos deben pensar que Sierra Morena con sus bandoleros vertebran el País Valenciano. Los damnificados de Abusos Urbanísticos No ya pueden brindar por una victoria más moral que legal y que, aun no siendo vinculante para el gobierno, les da alas para seguir reivindicando.

La reacción del Consell, como viene siendo habitual, ha sido la más parecida a no darse por aludido. Aquí no pasa nada, y si pasa que pase: los sondeos electorales amparan cualquier episodio desfavorable. Y la culpa, como siempre, la tiene el otro. Más aún: en este asunto se tiene la impresión de que han dejado solo, fané y descangayado al consejero de Territorio y Vivienda para que capease el temporal. Se trata, sin duda, del miembro del gabinete más diestro y veterano en estos entuertos, y ha sido cosa de ver cómo se ha tenido que batir esta semana contra sus críticos, la facción zaplanista, el mismo presidente de las Cortes -fuego amigo- y la Comisión Europea, sin contar la fronda de los promotores inmobiliarios locales, alarmados por los cambios que se avizoran. Lo negará hasta morir, pero el desamparo ha sido evidente.

Pero quien merece el premio a la combatividad, además del coriáceo Charles Svoboda, el adalid contra los abusos, ha sido el secretario general de la Federación de Promotores Inmobiliarios, Benjamín Muñoz. Sin duda que ha tenido que emplearse a fondo y hacer de tripas corazón para exhumar los oscuros e inevitables enemigos de la Comunidad, obstinados en desprestigiarnos en los foros internacionales. Hay clisés que se prolongan en el tiempo. Sólo le ha faltado mencionar el comunismo y la masonería. Sí ha mencionado a la oposición política, lo que se nos antoja una intrepidez, pues bien sabe que toda junta no levanta un gato del rabo y que el dictamen de Europa era previsible -además de justo y necesario- sin presiones extrañas. En un apartado tienen razón los promotores y su portavoz: los políticos valencianos han dado una imagen penosa, propiciando la intervención de las autoridades comunitarias y reduciendo el debate sobre el territorio a una olla de grillos.