La gran oportunidad de cambiar RTVE

RTVE está a punto de comenzar un capítulo esperanzador en su ya larga, emocionante y, por qué no decirlo también, controvertida historia. Dentro de pocos meses, la Radiotelevisión de todos va a experimentar un profundo cambio, tal vez el más trascendental de los últimos años; una transformación que coincide, además, con la celebración del 50 aniversario de la llegada de la televisión a España y con el lanzamiento de la Televisión Digital Terrestre. Estamos traspasando por tanto, justo en estos días, el umbral que separa el pasado del futuro.

Este nuevo y apasionante reto, tantas veces aplazado irresponsablemente por anteriores administraciones, está marcado por diversas actuaciones y medidas que se empezarán a aplicar en 2006. El fin último de estas propuestas de reforma es garantizar plenamente la continuidad de RTVE, que pasa, entre otras cosas, por su urgente modernización. Me estoy refiriendo al proyecto de Ley de la Radio y la Televisión de titularidad estatal, ahora en discusión parlamentaria, y al Plan de Saneamiento y Futuro requerido en la ley de Presupuestos Generales del Estado para 2006.

O logramos reformar su estructura y modelo o la dejamos avanzar hasta su caída al vacío

Es imprescindible actuar contra el déficit; contra focos de ineficiencia o ciertas disfunciones

En los últimos años, la existencia y la utilidad de RTVE han llegado a estar algunas veces en entredicho, pero nunca se han tomado realmente cartas en el asunto con el ánimo de atajar un problema acrecentado con el tiempo. Todo lo contrario: la bola de la deuda ha seguido aumentando hasta alcanzar los casi 7.500 millones de euros actuales, sin tener en cuenta sus consecuencias. No es el momento, sin embargo, de mirar hacia atrás. Tenemos la obligación de construir el futuro y lo cierto es que en una sociedad democrática desarrollada, como la española, no se puede justificar ya por más tiempo este endeudamiento progresivo y sin límite; tampoco se puede entender una gestión condicionada por los intereses políticos del momento, práctica habitual de los últimos años felizmente superada en esta etapa de clara "desgubernamentalización" de RTVE.

RTVE está en la encrucijada: o logramos reformar su estructura y su modelo, con el apoyo de todos, o la dejamos avanzar unos metros más hasta su caída al vacío. El compromiso de esta directora general es claro e inequívoco: hay que asegurar la existencia de una RTVE sólida, solvente, fuerte, competitiva y plural. Por eso, porque sostengo estos principios desde hace muchos años, he firmado el Manifiesto que ha puesto recientemente en circulación la Plataforma para la Defensa de la Radio Televisión Pública. Puede que a algunos les resulte extraña mi adhesión a ese texto, pero quien lea atentamente su contenido comprobará que coincide básicamente con los criterios que vengo defendiendo desde que ocupo mi actual responsabilidad.

En este debate sobre el futuro de RTVE hay una pregunta clave: ¿Cuál es el valor añadido que proporciona RTVE frente a otros operadores? La respuesta es sencilla de enunciar, pero difícil de poner en práctica, por falta de tradición y de costumbre: ofrecer un servicio público eficaz, útil socialmente y comprometido con los valores democráticos. Un servicio que atienda aquellas facetas que el resto de las empresas audiovisuales no pueden o no quieren cubrir; un servicio, en definitiva, que contribuya a vertebrar una sociedad más libre, culta y solidaria.

En mayo de 2004, apenas unas semanas después de asumir la responsabilidad de dirigir RTVE, anuncié la apertura de una etapa de transición que culminaría con la implantación de un nuevo modelo construido sobre bases firmes, sin hipotecas. En este período de año y medio de gestión, complejo como cualquier etapa de tránsito, se han dado importantes pasos en esa línea: implantación de la contabilidad analítica como medio para el mejor control de una gestión transparente; plena renovación de los Servicios Informativos de RTVE, con arreglo a criterios de independencia, veracidad, objetividad y profesionalidad; incorporación a la radio y a la televisión públicas del debate plural en los ámbitos social, cultural y político; impulso decidido de la Televisión Digital Terrestre. Pasos necesarios todos ellos, pero sin duda insuficientes.

Resulta imprescindible, por ejemplo, actuar contra el déficit; contra algunos focos de ineficiencia o contra ciertas disfunciones en la distribución de los recursos. En esta dirección apuntan los próximos Presupuestos Generales del Estado para 2006, que a la vez que evitan el déficit ordinario asumiéndolo como subvención pública, nos comprometen, a cambio, a lograr una gestión más saneada.

No hay ninguna voz en el Parlamento español, o entre las organizaciones sindicales, que defienda una RTVE disminuida y sin presencia social; ninguna que reste importancia al problema económico y estructural del Ente Público; ninguna que abogue por su privatización o que cuestione su función de servicio público. Siendo esto así, mejorar RTVE y situarla en condiciones de protagonizar el futuro del sector audiovisual español y europeo debería estar por encima de criterios de oportunidad política, de cálculos electorales, de visiones partidistas o de intereses gremiales y corporativos. Tendría que ser, y así espero que sea, un compromiso colectivo.

Ha de ser posible la existencia de una radiotelevisión pública de calidad, en la que sus programas estén basados en la diversidad, la innovación, la creatividad, el fomento del debate. Hay que apostar por una radiotelevisión pública patrimonio y orgullo de todos; que sea considerada como un servicio público esencial de nuestra sociedad; que cuente con las minorías y dé voz a los sectores más desfavorecidos; que fomente la igualdad de oportunidades; que ponga los intereses generales de los ciudadanos por encima de los puramente mercantiles; que refuerce el pluralismo y la defensa de los valores constitucionales; que satisfaga las necesidades de ocio, educación y cultura de los espectadores, y que, además, suponga el menor coste posible para los ciudadanos. Nada de esto tiene sentido si nos conformamos con una televisión marginal y de audiencias residuales. Precisamente porque no hay televisión pública sin público, he discrepado radicalmente de quienes pretenden una televisión o radio públicas subsidiarias o sólo para minorías supuestamente cultivadas. En mi opinión, TVE y RNE deben seguir compitiendo con las televisiones y radios privadas y ganarse el favor de la audiencia y los anunciantes. Su vocación es la de seguir siendo el referente en el escenario audiovisual.

Estos principios coinciden con las reformas que gran parte de las radiotelevisiones públicas europeas están llevando a cabo y con el espíritu del proyecto de Ley de la Radio y la Televisión de titularidad estatal, inspirado en el Informe del Comité de Sabios, ahora en trámite parlamentario. Una Ley que permitirá a RTVE efectuar el cambio que la sociedad demanda y situarla a la altura de los retos tecnológicos y profesionales del presente. Una ley que permitirá una financiación estable, de carácter mixto -con subvención pública e ingresos comerciales-, y que excluirá la política de endeudamiento. Una Ley que hará de la nueva Corporación un grupo económicamente solvente y socialmente eficaz.

Es difícil aventurar cómo será el escenario de la televisión dentro de cincuenta años, dados los vertiginosos cambios tecnológicos que vivimos. Sea éste como sea, el nuevo modelo de RTVE trata de situar a nuestra radiotelevisión pública estatal en la mejor posición para gozar de un futuro prometedor. No podemos dejar pasar esta ocasión, esta gran oportunidad, tal vez la última, para RTVE.

Carmen Caffarel es directora general de RTVE.