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Columna
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PAI

Miquel Alberola

El Consell puede meter la cabeza en un hoyo, del mismo modo que disimula y respira hondo ante el hedor de las cañerías de Terra Mítica, el Ivex y Carlos Fabra, pero el latigazo de la Unión Europea a su política urbanística le ha estallado en la cocorota. En los últimos años la Comunidad Valenciana ha sufrido una profunda transformación con el desarrollo de programas de actuación integrada (PAI), y aunque algunos de sus efectos aún no han aflorado, su irritación inmediata ya inquieta en media Europa. Es cierto que esta fórmula fue impulsada por los socialistas, pero ha sido con los gobiernos del PP cuando se ha roto el sistema inmunológico a su cándido objetivo, que era evitar la acumulación de suelo en manos de unos pocos. No es menos verdadero que el Consell no es culpable del origen de la fiebre urbanística (también existe en otras comunidades), pero esa furia desatada ha arrollado a la máxima institución valenciana y la ha puesto a sus pies como una alfombra instrumental que saca brillo a sus intereses incluso con fe de errores. También es verdad que el flujo de capitales debía de redireccionarse en un momento de crisis en los sectores tradicionales, incluso que al encauzarse en la construcción se podía dar una continuidad al dinamismo de la sociedad valenciana sin sufrir turbulencias, pero no como monocultivo ni a costa de anticipar la caída de las empresas con la deserción total de inversiones y el abandono de la apuesta de la I+D. Asimismo, hay que reconocer que el extraordinario movimiento urbanístico auspiciado por los PAI ha reanimado la complicada economía de muchos ayuntamientos, pero también ha extendido un rastro de sospecha muy fétido en alcaldes, concejales y partidos, y ha generalizado hasta la metástasis la sensación de corrupción en la política. Nunca en la historia, ni en sus episodios más convulsos, ninguna de las oligarquías agrarias o industriales llegaron a tener el poder que hoy ejercen los promotores, que cambian los ayuntamientos democráticos cuando así les apetece. El Consell puede tratar de crear una cortina de humo asegurando que se trata de una conspiración mundial para dañar la imagen de Valencia, pero el daño ya estaba hecho bajo su amparo.

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Sobre la firma

Miquel Alberola
Forma parte de la redacción de EL PAÍS desde 1995, en la que, entre otros cometidos, ha sido corresponsal en el Congreso de los Diputados, el Senado y la Casa del Rey en los años de congestión institucional y moción de censura. Fue delegado del periódico en la Comunidad Valenciana y, antes, subdirector del semanario El Temps.

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