Empleo respalda la mejora en las prestaciones a los jornaleros y espera una "solución definitiva" en 2006

El acuerdo suscrito el jueves en Madrid por el Ministerio de Trabajo y los sindicatos sobre el sistema de prestaciones de agricultores y jornaleros fue bien recibido ayer por la Junta y los líderes regionales de UGT y CC OO. El consejero de Empleo, Antonio Fernández, aseguró ayer que es "un paso importantísimo hacia la solución definitiva", que confió en alcanzar en 2006. El acuerdo desactiva buena parte de las restricciones impuestas por el Gobierno central (PP) en 2003 al cobro de prestaciones, aunque aún deja fuera varias reclamaciones de los sindicatos y la Junta.

El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, sostuvo el jueves que el acuerdo suscrito con los sindicatos borra "definitivamente" los efectos "negativos" del decretazo aprobado por el PP en 2002, que endureció las condiciones para el cobro del subsidio agrario. El acuerdo elimina varias de las restricciones impuestas por el decretazo y aprueba nuevas medidas para equiparar las prestaciones de jornaleros y agricultores con las del resto de trabajadores. Pero también deja fuera algunas de las exigencias de los sindicatos y la Junta. "El acuerdo es muy bueno porque, para las cosas que no quedan resueltas, se establecen grupos de trabajo y se fija una fecha tope, el 30 de junio de 2006, para que presenten sus conclusiones", puntualizó el consejero de Empleo.

Las reformas que introdujo el PP en 2002 y, tras las protestas sindicales, en 2003, convirtieron las prestaciones a los jornaleros en un laberinto administrativo y en un sistema injusto a juicio de CC OO y UGT que aún así pararon de manifestarse. En ese triple sistema, sólo los jornaleros que cobraban el subsidio agrario -el 75% del salario mínimo durante seis meses siempre que estuviesen en paro y acumulasen un mínimo de 35 jornales la campaña anterior-, en los tres años anteriores al decretazo mantuvieron su derecho. Un derecho amenazado por nuevas condiciones: la obligación de no pasar más de 90 días entre peonada y peonada y la prohibición de trabajar más de tres meses en otros sector).

El triple sistema se completó con la alternativa de afiliarse a un sistema contributivo parecido al del resto de trabajadores pero con una diferencia notables: se lograba un día de derecho a prestación por desempleo por cada cuatro días cotizados (en el régimen general sólo se requieren tres). Y, por último, el Ministerio estableció una nueva prestación, la renta agraria, para los jornaleros excluidos del subsidio agrario tras el decretazo.

En la renta agraria, de cuantía y requisitos similares al subsidio, se introdujo alguna mejora, pero sobre todo se incluyeron nuevas restricciones: se limitó su pago a seis anualidades; se exigió un mínimo de diez años de empadronamiento en Andalucía o Extremadura (lo que dejó fuera a muchos inmigrantes); a los mayores de 45 años se les reclamó una cotización previa de hasta 20 años en el régimen agrario (lo que dejó fuera a muchas mujeres); y se impidió computar como jornales las peonadas echadas en obras públicas financiadas por el antiguo Plan de Empleo Rural

El acuerdo del pasado jueves entre el Ministerio y los sindicatos elimina la restricción de seis pagos para los perceptores de la renta agraria. Y también flexibiliza una de las nuevas condiciones que el PP impuso al subsidio agrario (se podrá trabajar hasta seis meses en otro sector, frente a los tres recogidos ahora). Pero sobre todo da un paso adelante hacia la equiparación del sistema contributivo con el régimen general (rebaja de cuatro a tres los días de cotización para lograr el derecho a un día de prestación). Y aporta la novedad de ampliar el cobro de la renta agraria a los trabajadores con contrato fijo-discontinuo siempre que no reciba otra prestación en sus días de paro.

Negociaciones

"Lo esencial es que hay un avance tremendo hacia la equiparación de los jornaleros con el resto de trabajadores", subrayó el consejero de Empleo, quien confío en que los grupos de trabajo incluidos en el acuerdo culminen las negociaciones para alcanzar ese objetivo en 2006.

El secretario regional de CC OO, Francisco Carbonero, destacó ayer que su sindicato, pese al "positivo" acuerdo alcanzado el jueves, seguirá exigiendo al Gobierno que restituya "todo lo que se perdió para los trabajadores del campo". "Es un buen acuerdo, pero no satisface las demandas sindicales", añadió.

El secretario regional de UGT, Manuel Pastrana, fue más benévolo: "No sólo restituye todos los derechos fundamentales que suprimió el PP, sino que avanza hacia otros nuevos". Aún así, reconoció que todavía quedan cosas que mejorar, como la condición de estar diez años empadronado. Por su parte, el Sindicato de Obreros del Campo se reunirá el lunes con Caldera para analizar su incorporación a los grupos de trabajo.