El tribunal condena a Carlos Fernández a dos años de prisión y tres de inhabilitación

La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado al ex edil del PA en Marbella Carlos Fernández a dos años de prisión y tres de inhabilitación por malversación de caudales públicos. La sentencia se publicó ayer, 15 días después de que un jurado popular declarara a Fernández y a un empleado municipal, Antonio de Sola, culpables de dicho delito. El fallo rebaja considerablemente la pena pedida por el fiscal, de cuatro años de cárcel y ocho de inhabilitación, al apreciar la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas del procedimiento, pues los hechos juzgados ocurrieron en 1997.

La rebaja en la condena con respecto a la petición del ministerio público y de la acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Marbella, abre la posibilidad de que Fernández y De Sola no entren en prisión, en caso de que la sentencia devenga firme. Al no tener antecedentes penales, y no superar la condena los dos años de prisión, el juez puede decidir suspender su ejecución.

La sentencia, de 42 páginas, impone la inhabilitación absoluta para cargo público o funcionarial a ambos condenados, hecho que en principio no repercutirá en Fernández, pues renunció a su acta de concejal al día siguiente de conocer el veredicto de culpabilidad. Además, ambos tienen la obligación de indemnizar, de forma conjunta y solidaria, al Ayuntamiento de Marbella con 82.639,16 euros (13,75 millones de pesetas), la cantidad de la que se apropiaron, según el relato de hechos probados, correspondiente a subvenciones destinadas al pago de nóminas de jugadores del Club de Fútbol Unión Deportiva San Pedro.

Lucrarse ilícitamente

Según la resolución, dictada por el magistrado Andrés Rodero, que presidió el tribunal del jurado, "de cuanto se ha actuado resulta la evidencia de pruebas de cargo contra los acusados" Fernández y De Sola. Al inicio de la temporada 1997-1998, ambos obraron "de común acuerdo para lucrarse ilícitamente, mediante la incorporación a su patrimonio de parte del dinero dispuesto por el Ayuntamiento de Marbella para cubrir los gastos" del equipo, presidido por Fernández, que era concejal delegado de Deportes en la corporación de Jesús Gil. A este fin, "so pena de no ser contratados, a algunos jugadores les hicieron firmar contratos en los que se hacían constar cantidades superiores a las que realmente recibirían, así como firmar recibos por cantidades no satisfechas, apoderándose de la diferencia".

La sentencia considera que Fernández y De Sola, funcionario en la Delegación de Deportes, "precisamente en su condición de depositario y gestor, debieron como empleados públicos ser especialmente rigurosos con el control de los fondos en cuestión".

El fallo absuelve al tercer procesado, Ramón Cacho Heredia, ex entrenador del club, que era el encargado de comunicar a los jugadores las condiciones para la firma de los contratos. Según la sentencia, Heredia "accedió a dicho requerimiento a fin de mantener su puesto, (...) limitándose a obedecer las instrucciones recibidas (...) y no habiendo tenido ninguna participación en el apoderamiento de la cantidad". Por tanto, considera que obró por estado de necesidad.

El magistrado considera que dado que la incoación de diligencias previas se inició en mayo de 1998, y la recepción del procedimiento en la Oficina del Jurado no se produjo hasta casi siete años después, en marzo de 2005, "la duración del proceso en conciencia no puede merecer consideración distinta que la de excesiva", lo que determina su apreciación como atenuante muy cualificada.

La rebaja en la pena fue recibida de forma positiva por Fernández y por la agrupación local del PA en Marbella, que anunció en un comunicado la intención del ex edil de recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, informa Meme del Río. Fernández, que ha dimitido de su cargo como secretario local del partido pese a que la agrupación no quiso aceptarla, afirma que "no es la primera vez que un jurado se equivoca", y considera que el tribunal popular se dejó influir por los medios de comunicación municipales. El ex concejal, que salió de las filas del GIL tras las denuncias por este caso, fue artífice de la moción de censura que en 2003 derrocó a Julián Muñoz de la alcaldía de Marbella, aunque fue expulsado del equipo de gobierno tripartito hace tres meses por supuestas irregularidades.