"¡Vivan los PAI!"

En un pueblo de la costa de Castellón, Moncofa, desde hace meses, en muchas bodas se grita "¡Vivan los PAI!". No es posible comprender lo que está sucediendo en la costa mediterránea sin explicar lo que pasa en Moncofa, y en otros muchos pueblos, y sin saber por qué se dan vivas a los Programas de Actuación Integrada en bodas y festejos. Miguel Ángel Campos lo explicó en las páginas valencianas de este periódico, en un reportaje que tiene la fuerza del auténtico periodismo: la urbanización de 6,5 millones de metros cuadrados de marjales de la playa de ese pueblo ha cambiado la vida de casi el 70% de sus 5.400 habitantes: los padres pueden comprar casas a sus hijos, se venden decenas de coches de alta gama (290, cuando un año antes se matriculaban menos de 100 y todos de poca cilindrada), se ha abandonado el duro trabajo en naranjos, melones y sandías; y en las bodas, los convites satisfacen los más escondidos sueños de los anfitriones.

Sólo el dinero de la droga ha sido capaz de producir en algunas zonas de España un cambio tan radical y tan rápido como el que produce la recalificación urbanística. Y encima, en este caso, no existe delito, y la felicidad no lleva aparejada peligro ni mala conciencia. Si acaso, la única amargura es el cambio radical del paisaje: "la playa", claman los críticos, "se va a cubrir de cemento".

El problema es ante quién se clama. A la vista de lo que ocurre en Valencia algo parece evidente: las leyes de urbanismo generan tantos intereses que deberían ser vigiladas desde lejos del lugar donde se aplican. Dado que las autoridades autonómicas no están sirviendo de valladar y que las autoridades estatales no tienen competencias para actuar, deberíamos congratularnos de la existencia, al menos, de la UE.

La pequeña historia de lo ocurrido en la Comunidad Valenciana revela bastantes cosas en ese sentido. Por ejemplo, los 15.000 residentes perjudicados por la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) remitieron una queja a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. ¿Por qué no enviaron su queja a la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados? Es verdad que ese organismo no se dedica a investigar, sino que reexpide las peticiones a quien considera competente. Pero es también posible que los ciudadanos hayan tenido más confianza en la capacidad y autoridad del Parlamento Europeo que en la del Parlamento español a la hora de ponerse de acuerdo, al margen de los partidos políticos, en dar una buena reprimenda a unas autoridades locales que parecen enloquecidas. Y es posible, por último, que esos ciudadanos se sintieran perdidos ante la duda de si se puede reclamar ante el Congreso de los Diputados por algo que ha aprobado un Parlamento autónomo. Quizás por eso prefirieran tirar por la calle de en medio: de comunidad autónoma a Comunidad Europea, sin pasar por el Estado español.

La segunda cosa rara es precisamente el papel del Estado español. El requerimiento de la Comisión se dirige al Reino de España, y es de suponer que el Gobierno ha trasladado el aviso a las autoridades valencianas. Lo curioso es que la Comisión advierte de que si no se modifica la ley valenciana llevará al Reino de España, firmante de los tratados, ante el Tribunal de Luxemburgo, pero la realidad es que el Gobierno español no puede hacer nada al respecto, porque no es asunto suyo.

El urbanismo y el planeamiento territorial fueron las primeras competencias que exigieron las comunidades y una ley autonómica en materia transferida no puede ser invalidada, salvo que su contenido sea inconstitucional. La LRAU quizás lo fuera, pero los recursos de inconstitucionalidad contra una ley no los pueden presentar ciudadanos "normales" sino el Defensor del Pueblo, el Gobierno o grupos de 50 parlamentarios, y además, sólo pueden hacerlo antes de que transcurra un plazo de tres meses desde su aprobación. Lamentablemente, en el caso de las leyes de urbanismo, a veces pasa más tiempo antes de que se comprueben sus efectos perversos. Fue pues lógico que los 15.000 ciudadanos optaran por la más clara senda de Bruselas: de comunidad autónoma a Comunidad Europea, sin pasar por el Estado español. solg@elpais.es