El tripartito cambia todo el proyecto de pensiones para ex altos cargos, que preveía pagas de hasta 6.000 euros

Apenas un mes después de presentar el proyecto de ley que preveía ampliar el número de altos cargos con derecho a pensión, el Gobierno catalán rectificó ayer a la baja una propuesta que, de haber salido adelante, preveía pensiones de hasta 5.900 euros al mes para una veintena de ex altos cargos de designación parlamentaria.

Los consejeros de Economía, Antoni Castells, y de Gobernación, Joan Carretero, se reunieron con los representantes de los tres grupos parlamentarios del tripartito con vistas a preparar la presentación de enmiendas a un proyecto elaborado por el propio Gobierno y que afecta a las personas que ocupan o han ocupado un cargo en la Sindicatura de Cuentas, el Consejo del Audiovisual de Cataluña y el Consejo Consultivo, así como al Síndic de Greuges. Después de la reunión, Castells recordó los principios de "transparencia" y "ejemplaridad" del Gobierno catalán para justificar los profundos cambios que el Ejecutivo quiere introducir a su propio proyecto de ley. Y es que el Gobierno pretende introducir hasta nueve enmiendas en un proyecto que en su redacción original constaba de sólo cinco artículos.

El principal cambio es que la cantidad que perciban los beneficiarios de las pensiones vitalicias (a partir de 65 años) no podrá superar en ningún caso el importe máximo anual que se fije para las prestaciones contributivas del sistema público de la Seguridad Social. Esto implica que ningún ex alto cargo cobrará más de 2.232 euros mensuales brutos. El proyecto de ley preveía, en su redacción inicial, pensiones vitalicias de hasta 5.900 euros.

A pesar de las enmiendas se mantiene el derecho a pensión temporal para los altos cargos de los organismos que exigen dedicación exclusiva a sus más altos representantes. El principal cambio introducido para estos casos es que los altos cargos sólo podrán percibir su pensión durante los dos años siguientes a su cese en lugar de los cuatro previstos inicialmente. Otra modificación que introducir incrementa el tiempo mínimo de permanencia en el cargo para tener derecho a pensión. Si en el proyecto inicial éste era de dos años, ahora pasa a cuatro años.

Por otra parte, el Parlamento aprobó por unanimidad el proyecto de ley de incompatibilidades de los altos cargos al servicio de la Generalitat, que prevé la posibilidad de que éstos sean destituidos e inhabilitados para ocupar un puesto de la misma categoría por espacio de hasta cuatro años si incurren en una falta grave.

Sólo el presidente y los consejeros del Gobierno catalán quedan exentos de este régimen de sanciones, ya que la ley establece que las medidas aplicables a ellos "se rigen por su propia legislación específica".

El consejero de Gobernación, Joan Carretero, destacó esta nueva ley como una "garantía de transparencia" para la política catalana, al regular por primera vez las incompatibilidades laborales de todos los altos cargos del sector público de la Generalitat, incluidos los que trabajan en empresas públicas.