Seis empresas solicitan despedir a 320 empleados tras el cierre de canteras
La Junta ya tramita seis expedientes de regulación de empleo en Alhaurín de la Torre
El cierre de las cuatro canteras ilegales en Alhaurín de la Torre (Málaga) se torna un problema cada vez más gris. Desde ayer ya son seis las empresas que han presentado expedientes de regulación de empleo para despedir a 320 trabajadores. Una treintena de estos trabajadores pasaron ayer su segunda noche acampados frente al Ayuntamiento para exigir soluciones, tras el cierre decretado por el TSJA, y cuya solución ha enfrentado al consistorio con la Junta.
La clausura de las cuatro canteras afecta a 250 empleos directos y 1.500 indirectos, según los sindicatos. "Los empresarios no son ONG y tan pronto ven un perjuicio económico, se quitan trabajadores de en medio", resumió ayer Alfonso Galisteo, canterano y secretario de Salud Laboral de Comisiones Obreras. El sindicato acusó ayer a la Junta y Ayuntamiento de no ver a tiempo el grosor del problema: "Es una falta de responsabilidad tremenda por parte de las administraciones no haber valorado el trabajo de las canteras", apuntó Galisteo.
El delegado provincial de Empleo, Juan Carlos Lomeña, restó importancia a los expedientes de regulación de empleo: "No hay que provocar alarma social, porque son suspensiones temporales de empleo y no despidos. Pasado un periodo determinado volverán a incorporarse a su empleo", matizó. Ahora comienza un periodo de consulta obligatorio entre los sindicatos y la propia empresa, y la Inspección de Empleo redactará un informe sobre las causas objetivas y razones alegadas por las empresas para los despidos. Lomeña espera que durante ese tiempo "de negociación, discusión y tramitación" de los expedientes, unos 25 días, "el conflicto se pueda solucionar antes".
Tras denunciar el PP que la mayoría de canteras de Málaga incumplen la ley, y reclamar a la Junta un plan director que fije los puntos de extracción, el secretario de la Federación de Construcción de CC OO, Salvador Rojas, explicó ayer que la situación viene de una ley de los años sesenta, "cuando no había planes medioambientales". Francisco Carbonero, secretario del sindicato en la comunidad, reclamó al PP que defienda los intereses de los trabajadores "igual que defiende los de los constructores".
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