La juez archiva el 'caso Pallerols' al no considerar delito las donaciones al partido de Duran Lleida

La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López, ha archivado el denominado caso Pallerols, sobre supuesta financiación ilegal de Unió Democràtica de Catalunya (UDC) a través de fondos de formación para parados. Una decena de personas, entre ellas diversos cargos y ex cargos del partido de Josep Antoni Duran Lleida, todavía figuraban como imputados por delitos de malversación, prevaricación o cohecho, falsedad en documento y tráfico de influencias. El fiscal y el abogado de la acusación particular de la Generalitat anunciaron que recurrirán el auto ante la Audiencia de Barcelona, pues el archivo es provisional.

La resolución judicial, no obstante, deja abierta la causa contra el empresario andorrano Fidel Pallerols, pero por nueve delitos contra la hacienda pública al considerar que no pagó todos los impuestos que le correspondían.

El auto de archivo suscribe gran parte de los argumentos que utilizó el Tribunal Supremo para sobreseer la causa respecto a las dos personas aforadas, los diputados en el Congreso Josep Sánchez Llibre y Pere Grau.

De este modo, la juez considera que las donaciones del empresario Pallerols a Unió no constituyen delito, al no haberse acreditado que el partido supiera que el dinero procedía de subvenciones del Departamento de Trabajo ni que hubiera un pacto previo de financiación ilegal.

"Tampoco ha quedado acreditado que aquellos imputados que tenían la condición de funcionarios e intervenían en la tramitación y concesión de subvenciones pactaran regularmente con Pallerols el importe de las subvenciones y de las aportaciones de Unió", prosigue el auto.

La juez entiende que la argumentación del Supremo debe aplicarse "íntegramente" a los otros 13 imputados que no tienen condición de aforados, entre los que se encuentran el ex parlamentario autonómico de Unió, y ahora militante del PP, Enric Millo, tres ex subdirectores del Departamento de Trabajo y un ex director general.

La investigación judicial, que se ha prolongado durante casi seis años, se basó en varios informes de la Guardia Civil que sostenían que de los 7,8 millones de euros que percibió Fidel Pallerols de los fondos de formación ocupacional, un 10% fue a parar a las arcas de Unió.

Josep Antoni Duran calificó el archivo de la causa de "acto de justicia". "La única verdad sobre el caso es que no existe responsabilidad alguna de Unió, ni nadie de la Generalitat hizo nada especial para conceder ningún tipo de curso de ocupación a cambio de nada al citado señor Pallerols". "No cabe otra salida que reconocer la inocencia de esas personas", enfatizó.