El PSOE llevará las irregularidades de Barbate, La Línea y Sanlúcar al fiscal y a las Cámaras

Las supuestas irregularidades urbanísticas, administrativas, de enchufismo y de cualquier otra índole denunciadas en los Ayuntamientos de Barbate (22.000 habitantes), La Línea de la Concepción (61.875 h.) y Sanlúcar de Barrameda (62.682 h.) -todos con alcaldes del PP- acabarán en la Fiscalía de Cádiz, según anunció ayer el PSOE de Cádiz. Este partido también emprenderá acciones en el Congreso, el Senado y la Cámara andaluza e informará a la ciudadanía mediante denuncias en los medios de comunicación.

En contraposición con estas denuncias, el PSOE de Cádiz no anunció que vaya a actuar contra las supuestas irregularidades cometidas por el alcalde de El Puerto de Santa María, el independiente Hernán Díaz Cortés, con quien el grupo municipal socialista gobierna en coalición. Sobre este primer edil pesa una condena por un delito de prevaricación que ha sido recurrida y varias imputaciones por convenios urbanísticos "irregulares", según la Fiscalía de Cádiz.

"Recurriremos a la vía jurídica, con las correspondientes denuncias ante la Fiscalía y recursos ante los jueces; a la parlamentaria, con iniciativas de todo tipo en todas las Cámaras de representación; y a la de comunicación, mediante denuncias públicas a la prensa y los ciudadanos para que se conozcan todas las irregularidades descubiertas y que son evidentes", explicó ayer José Luis Blanco, diputado autonómico del PSOE.

Esta iniciativa del PSOE se produce después de que el alcalde de Barbate, Juan Manuel de Jesús, del PP, reconociese el pasado sábado que en el Ayuntamiento de esta localidad hay unos 200 trabajadores municipales "contratados a dedo". De Jesús achacó esta situación a su mandato y a los anteriores. Anunció que regularizará estos puestos mediante un concurso público de oposición, aunque todavía no ha presentado una moción o iniciativa para que el pleno municipal lo apruebe. De Jesús asumió la existencia de "contratados por la cara", según manifestó textualmente el propio alcalde, tras la denuncia del portavoz municipal del PSOE, Tomás Sánchez.

A estas denuncias, el PSOE suma supuestas irregularidades en convenios urbanísticos. Según los socialistas, el gobierno local, del PP, ha desviado "sin que se sepa su destino" una partida económica de 540.000 euros destinada inicialmente para la compra de un viejo cine y su posterior conversión en el teatro municipal. Se trata de una cantidad ingresada gracias a un convenio urbanístico que, según la Ley del Suelo, debe emplearse en viviendas sociales o en la compra de suelo o inmuebles para el municipio. Se trata de la segunda denuncia de este tipo después de que la oposición acusase al PP de desviar 1,2 millones de otros convenios urbanísticos para gastos corrientes.

Otras denuncias del PSOE versan sobre gastos excesivos en protocolo, teléfonos móviles y viajes. "Es una política de despilfarro y derroche sin control cuando las arcas municipales están casi en quiebra técnica", lamentó Tomás Sánchez.

Otro Ayuntamiento donde el PSOE ha puesto el foco, según informó ayer La voz de Cádiz, es el de La Línea de la Concepción, gobernado por Juan Carlos Juárez, un ex gilista afiliado al PP. La Cámara de Cuentas de Andalucía ha apreciado un presunto delito de prevaricación porque el gobierno local ha contratado hasta 300 personas como personal de confianza y eventual sin consignación presupuestaria. Asimismo, hay varias denuncias sobre convenios urbanísticos "poco transparentes" y la desaparición en la jefatura de la policía local de 60.000 euros recaudadas por multas de tráfico. El PSOE recuerda también que el alcalde, algunos de sus ediles y familiares de todos ellos están vinculados directa o indirectamente con la Operación Ballena Blanca, que desarticuló una trama dedicada al blanqueo de capitales.

El último Consistorio que el PSOE llevará a la Fiscalía es el de Sanlúcar de Barrameda, cuyo alcalde es Juan Rodríguez, también del PP. Los socialistas denuncian la contratación de 55 funcionarios eventuales y personal de confianza, entre los que hay un grado de parentesco muy cercano. La Cámara de Cuentas ha detectado irregularidades en la Gerencia municipal de Urbanismo, al tiempo que el alcalde o sus padres se construyen de manera ilegal un chalé y se han detectado obras ilegales de un aparcamiento y unos multicines. La Junta ha abierto expediente por derribar un edificio protegido.

Asimismo, la Guardia Civil denunció directamente al alcalde por ordenar la devolución de dos motocicletas requisadas por agentes de este cuerpo armado a sendos jóvenes que circulaban sin documentación. El alcalde conocía personalmente a familiares de los denunciados.