286.996 personas viven en una situación de pobreza extrema en Andalucía

En Andalucía viven 286.996 personas en situación de pobreza extrema. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía exigió ayer a la Junta que convierta la lucha contra la exclusión en una prioridad política y presupuestaria. "Ningún gobierno quiere oír hablar de este tema", denunció Miguel Santiago, coordinador de marginación. El presidente de la asociación, Rafael Lara, anunció que en 2006 batallarán para que la lucha contra la exclusión "forme parte de la agenda política".

El coordinador del área de marginación de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Miguel Santiago, aseguró ayer que la exclusión social es el "principal problema" de la comunidad. "Y a él no se le dedican los recursos suficientes", censuró. Santiago explicó que la sociedad andaluza muestra una dualidad entre una ciudadanía "del bienestar" y otra "excluida". "Parece mentira que en 2005 todavía el Gobierno andaluz no haya sido capaz de erradicar el chabolismo en Sevilla", criticó Santiago, en alusión al asentamiento chabolista de El Vacie. El representante de Derechos Humanos comparó esta situación con los avances registrados en Málaga, donde el chabolismo está casi erradicado.

A juicio de Santiago, la vivienda y el empleo son los dos pilares básicos sobre los que deberían montarse las políticas para combatir la exclusión social. Además, reclamó una renta pública para estas personas equivalente al Salario Mínimo Interprofesional (513 euros al mes) que les garantice una cantidad "para vivir con dignidad". "Pedimos que la Junta no se avergüence de la realidad y ponga todos los medios para erradicar la exclusión", señaló.

Un 3,5% de la población andaluza (286.996 personas) viven en una situación de pobreza extrema, según Derechos Humanos, que toma como referentes los datos del padrón de habitantes, el informe Foessa sobre la pobreza en España que realiza Cáritas y el del Instituto de Estudios Sociales de Andalucía. Las cifras de población excluida son aún mayores, ya que se considera así a todas las personas que malviven en una situación de pobreza grave (772.727) o extrema (286.996). Cádiz es la provincia con mayores cotas de exclusión social (63.764 personas, el 5,4% de su población), seguida de Sevilla (63.487, el 3,5%) y Málaga (50.869, el 3,5%). Por el contrario, Huelva muestra el panorama más positivo (8.224, el 1,7%) de toda la comunidad.

El presidente de la Asociación, Rafael Lara, anunció una ofensiva de la entidad en 2006 para "lograr que la exclusión forme parte de la agenda política". "La Junta intenta tapar esa realidad y sacarla del debate político", aseguró.

En víspera de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, la organización evaluó la situación del cumplimiento de la declaración universal en Andalucía. Valentín Aguilar, que coordina el área de cárceles, criticó las carencias en la atención sanitaria que reciben los reclusos en las prisiones de la comunidad. "Existe una tendencia a no derivar a los especialistas más allá de lo fundamental para la vida y también se pierden citas programadas", reprochó. Según el representante de Derechos Humanos, algunos reclusos han fallecido en prisiones andaluces por "falta de atención médica". En concreto, citó un caso ocurrido en Córdoba sobre el que han informado a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

Aguilar también criticó el retraso de "más de un año" que sufre el traspaso de la atención sanitaria penitenciaria al Servicio Andaluz de Salud. La organización reclama además que la gestión penitenciaria pase a manos autonómicas en su totalidad. Además, el representante de Derechos Humanos censuró que el 50% de los reclusos cumplan condena en provincias distintas a la de su origen y que un 25% estén en prisiones de otras comunidades.

Por su parte, Manuel Delgado Cabezas, integrante de la junta directiva de Derechos Humanos, pidió que la reforma del Estatuto de Autonomía sirva para garantizar derechos sociales básicos, como el acceso a una vivienda digna para las personas desfavorecidas, el derecho a un empleo digno o la protección de menores y mayores. Delgado también pidió que la nueva norma contemple "una mirada a la inmigración diferente, que se considere una fuente de riqueza".