El ministro y el indulto

En respuesta a una carta publicada el día 3 de diciembre bajo el título El ministro y los indultos quiero hacer las siguientes precisiones. Se refiere a un ciudadano marroquí que cumple condena en nuestro país por delitos graves. Su nombre es Ahmed Tommouhi y lucha, como todo procesado, como todo condenado, como haría cualquiera de nosotros, por defenderse y obtener la libertad. Conozco este caso y a él se han dedicado muchas horas de trabajo en un intento de encontrar una solución, pero no es tan fácil: hubo cuatro condenas por violación. En una de ellas, es cierto, se aportaron nuevas pruebas que permitieron una revisión judicial y declarar que el señor Tommouhi era inocente en este caso. Pero subsisten tres condenas donde la prueba practicada es incontestable, acreditan la autoría en la realización de actos de mucha gravedad, referidos a delitos contra la libertad sexual, de los que provocan alarma y rechazo social.

Lo que demanda la persona que escribió la carta es directamente el indulto y la excarcelación. Parte de una premisa en apariencia irrefutable: la inocencia del procesado. Hay que ser prudentes en este tipo de manifestaciones. La realidad, guste o no, nos dicta que esta persona tiene tres condenas por delitos contra la libertad sexual.

El Gobierno se ha comprometido a hacer valer criterios socialmente explicables para administrar la gracia con responsabilidad, discerniendo circunstancias individuales y parámetros generales, y distinguiendo aquellos delitos que merecen un especial reproche, según los valores que profesa y a los que se debe. Los expedientes relativos a la delincuencia sexual deben ser observados siempre con gran rigor. Esta valoración debe ejercitarse cuando el delito -además, en reincidencia- exhibe la gravedad, reproche social y peligrosidad alarmante que supone para la conciencia de todos, y desde luego de este Gobierno, la violación y el delito contra la libertad sexual: el Gobierno que excarcela a alguien que ha sido condenado por violación sin tener la total seguridad de que no representa una amenaza para la sociedad asume una enorme responsabilidad. Por ello, la decisión en el asunto que nos ocupa es especialmente delicada. Creo que los ciudadanos deben tener una información completa para valorar en sus justos términos este caso. La complejidad de la situación aconseja actuar con cautela, conciliar el sometimiento al imperativo legal con la protección de los derechos colectivos e individuales, y en este sentido estamos trabajando. Hemos hecho gestiones para que el señor Tommouhi pueda cumplir su condena en Marruecos, de conformidad con los convenios de traslado de personas condenadas vigentes entre España y el país alauita. Depende de su voluntad el que pueda acogerse o no a este beneficio.

Apelo a que se nos reconozca, cuando menos, la rectitud de nuestro proceder y la adecuación de los recursos utilizados a la realidad del problema planteado. Concédanos también conservar la esperanza en nuestro sistema judicial y penitenciario como garantía de nuestras instituciones democráticas.