La Junta se plantea retirar las competencias urbanísticas a Manilva

Las irregularidades urbanísticas en Manilva (Málaga), ciudad de 8.200 habitantes en la que la Junta de Andalucía ha abierto 20 expedientes por infracciones en los últimos tres años, y el encarcelamiento del anterior alcalde, Pedro Tirado (ex miembro del GIL), por presunta corrupción, han motivado que la Administración autonómica extreme el control e incluso tenga en consideración la posible retirada de competencias urbanísticas al consistorio. La Junta mantiene también una estrecha vigilancia sobre el municipio de Almuñécar (Granada).

Distintas fuentes de la Junta han admitido que Manilva, el pueblo más occidental de Málaga, situado a 97 kilómetros de la capital, puede seguir a Marbella en la pérdida de competencias urbanísticas, una vez que el próximo día 12 entre en vigor la ley que le faculta para esta medida excepcional. "En Manilva puede haber materia para la intervención", ha admitido una de esas fuentes, si bien la decisión dependerá de la actuación del gobierno municipal elegido tras el encarcelamiento de Tirado. El tránsfuga del PSOE Salvador Zotano preside este Ayuntamiento con el apoyo de otro tránsfuga socialista y los independientes procedentes del GIL.

El Ayuntamiento está implicado en siete de los 20 expedientes por infracciones urbanísticas. Se le acusa de conceder licencias contrarias al Plan General de Ordenación Urbana vigente. La Junta ha impugnado ya dos de ellas en los tribunales y espera que el gobierno municipal revoque de oficio las otras. La Junta va a revisar los convenios urbanísticos firmados por Tirado, quien dimitió el 15 de octubre, un día después de ser encarcelado por presunta corrupción urbanística. Está acusado de recibir dinero para recalificar una finca de 1,3 millones de metros cuadrados a una de las sociedades de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de droga de la red de Ballena Blanca.

En Almuñécar, la Junta ha abierto en cinco años 59 expedientes de disciplina urbanística por construcciones autorizadas por el consistorio en contra del planeamiento vigente. La mayoría pertenecen al mandato del actual alcalde, Juan Carlos Benavides (PA).