La descoordinación entre consejerías deja a más de cien alumnos discapacitados sin educadores

Más de cien alumnos discapacitados matriculados en la red pública educativa en Alicante carecen de servicios fundamentales para ellos como son los educadores especiales o los fisioterapeutas. Los padres muestran su indignación y los directores de los colegios atribuyen este problema a la falta de coordinación entre tres consejerías, ya que Educación solicita la contratación de estos educadores, pero es la consejería de Administración Pública la encargada de dotar las plazas, previa autorización de Hacienda. El resultado es la desatención de estos niños.

"Como madres nos cuesta entender que no se nos garantice un derecho básico"

El problema es grave, ya que los educadores atienden a alumnos con problemas motrices graves, parálisis cerebral, con síndrome de Down, con síndrome de Marfan, con síndrome de Aspergen, espina bífida así como trastornos del desarrollo sin control de esfínteres. Si un educador está de baja médica por enfermedad el sustituto tarda meses en llegar.

Manuela Carrasco tiene una hija de cuatro años que no puede caminar, va con andador y sufre una enfermedad neuromuscular. En el colegio público El Fabraquer de El Campello, donde está matriculada, esperan desde junio de 2005 un fisioterapeuta que le ayude a estirar sus músculos, a sentarse correctamente o a cruzar las piernas. Como ella, en este mismo colegio están matriculados otros diez alumnos que requieren una atención que llega "tarde y mal". Pero éste no es un caso aislado, Paloma López explica que su hija de 9 años sufrió una lesión cerebral que le provocó una parálisis. Ahora, está matriculada en el centro de atención especial Santo Ángel, en el barrio de Tómbola de Alicante, junto con 64 alumnos que se reparten en 12 aulas de educación especial. Sin embargo, el curso pasado hubo cuatro educadores de baja por enfermedad, y desde el inicio de este curso hay dos más. "A nosotros esta situación nos afecta mucho, los niños necesitan no sólo alguien que les cambie el pañal o la ropa, requieren ayuda para comer y moverse en la silla de ruedas", explica la madre. Manuela Carrasco destaca que su hija necesita un fisioterapeuta que dirija su rehabilitación, "es fundamental, como madres nos cuesta entender que no tengamos garantizado un derecho básico cómo este". Los familiares de estos alumnos reconocen que el resto de profesores "hacen lo que haga falta" para atender a sus hijos, pero denuncian que estén desatendidos por un complejo problema administrativo entre las distintas consejerías. En la provincia de Alicante esta situación se repite en otros 14 colegios públicos, y en Valencia los directores reconocen que también deben afrontar el mismo problema.

Vicent Sellés, portavoz de la Permanente de Directores de Colegios en Alicante, ha remitido al presidente del Consell, Francisco Camps, una carta rogándole que centralice en una consejería la adjudicación de estas plazas no docentes. Esta semana el Síndic de Greuges, Bernardo del Rosal, también recibió un escrito de queja de todos los directores de colegios de Alicante. El portavoz de la Permanente de Valencia, Francisco Fernández de Sevilla, atribuye estos problemas a la "descoordinación entre las distintas consejerías". Según explican, el nombramiento de este personal, (educadores, fisioterapeutas o enfermeras), depende de la consejería de Administración Pública, que dirige Miguel Peralta, ya que se trata de personal no docente, aunque realiza su actividad en un centro educativo, por eso la solicitud del servicio y el reclamo de la plaza corresponde a la inspección de la consejería de Educación. No obstante, los nombramientos de este personal deben realizarse con un informe previo y favorable de la consejería de Hacienda. El director del colegio público San Juan de Ribera, en Burjassot, Francisco Fernández, explica que "este lío inmenso" tendría una solución fácil: centralizar toda la gestión en una misma consejería, que debería ser la de Educación que tiene toda la información de la inspección sobre las necesidades de cada centro. Mientras llega ese momento, decenas de alumnos con discapacidad no tendrán en el aula la atención de un profesional que les ayude a superar sus dificultades.