Escándalo en la costa

Los gigantescos planes urbanísticos que se anuncian en las costas del Mediterráneo y los casos de corrupción en los equipos de gobierno municipales de Marbella y Manilva son aldabonazos en el vulnerable sector turístico que revelan el rumbo insostenible de la burbuja inmobiliaria española en su variante económica y ambiental. El escándalo de la ocupación incontrolada de territorio y la recalificación abusiva de fincas rústicas por urbanizables ha llegado hasta el Parlamento Europeo con el apoyo de miles de extranjeros residentes en nuestro país. El próximo 15 de diciembre se debatirá en Estrasburgo una resolución dirigida a la Comunidad Valenciana para que no se precipite en dar el visto bueno a decenas de planes urbanísticos sin antes aprobar una nueva ley de ordenación del territorio. El Ejecutivo regional de Murcia, en contra de sus servicios jurídicos, apoya la ocupación particular de terrenos ganados al Mar Menor y desclasifica terrenos protegidos para urbanizarlos. La mayoría de los ediles de Marbella están imputados de delitos urbanísticos, lo que ha obligado a la Junta de Andalucía a retirarle las competencias. La lista de escándalos por la ocupación irregular de la costa es interminable.

Las autoridades portuarias presididas ahora por Gobiernos autónomos pugnan por convertir las dársenas urbanas en zonas de ocio con pisos de lujo y trasladar el tráfico marítimo a superpuertos costosísimos y duplicados como los exteriores de A Coruña y Ferrol, que se construyen contra vientos y mareas sin justificación económica y ambiental alguna. La Ley de Costas de 1988, que supuso un hito en la protección del litoral frente a estas amenazas al declarar protegidos los 100 metros de franja costera, parece papel mojado. Para 1993 debería haberse concluido el deslinde de los casi 8.000 kilómetros de litoral y a día de hoy no se alcanza el 60%.

En el Ministerio de Medio Ambiente proponen modificar muchos de los planes urbanísticos hoy vigentes para reducir la edificabilidad y negociar con los propietarios afectados y las comunidades autónomas -competentes en aplicar la ley- la indemnización o compra de terrenos, como se hizo en Francia. ¿Qué territorio, qué paisaje se va a legar a las próximas generaciones? ¿A quién se va a apelar cuando una gota fría o fenómenos meteorológicos adversos arrasen las edificaciones de primera línea de playa? Mientras la opinión pública se mantenga insensible a las consecuencias devastadoras de esta imparable ocupación del territorio, nadie la frenará. Sólo se podrá parar con la complicidad de la ciudadanía, como ha ocurrido en Lanzarote o en Menorca. En Calvià se inició el esponjamiento urbano con el derribo consensuado de apartamentos degradados y la aplicación de una política urbanística sostenible. Pero la experiencia sentó mal a los promotores y le costó el puesto a su alcaldesa.