Antenas de móviles

El poder ejecutivo mira hacia otro lado, está ausente, ignorando la Declaración de Alcalá de Henares, la Declaración de Friburgo... y, llegado el caso, interpreta los reglamentos y ordenanzas a medida de las necesidades de Vodafone, Amena y Movistar.

El poder legislativo aprueba normativas que, lejos de regular sobre la base del principio de precaución, soslayan los preocupantes resultados confirmando que la contaminación electromagnética de las antenas UMTS es perjudicial para la salud de las personas cuyos domicilios próximos a los emplazamientos están sometidos a las radiaciones de esas instalaciones día tras día, dejando indefensos a sus moradores.

El poder judicial se ha atrevido a afirmar que la contaminación electromagnética de las antenas UMTS es inocua. No es una errata, sino que ha elegido la palabra más conveniente a los intereses empresariales.

No acierto a adivinar qué oscuras razones explican el comportamiento sesgado de los poderes públicos, pero es evidente que hasta el momento favorecen a las operadoras de telefonía móvil y ha de llegar el día que asuman sus responsabilidades, enfrenten el problema y aclaren si las antenas de telefonía móvil son inocuas, o inicuas, para la población que esté expuesta de forma permanente a sus radiaciones.

Vuelve a estar de actualidad la asignatura pendiente de la financiación de los partidos políticos; condonación de deudas, donaciones anónimas... no contribuyen a actuar con libertad y de acuerdo con principios éticos.

Nuestros representantes políticos tienen que reflexionar y evitar que sus actuaciones conviertan la Constitución en papel mojado, teniendo presente que si la Administración comete una injusticia con una sola persona, se convierte en una amenaza a toda la sociedad..