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El escolta de Tamayo insiste en que le contrataron desde la Complutense

El vigilante privado niega ahora la intervención del CNI en el caso

José Antonio E., el escolta de los tránsfugas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, se desdijo ayer ante el juez de instrucción número 25 de Madrid de que un sargento de la Guardia Civil del CNI llamado Ángel le hubiese encargado el trabajo de vigilar y proteger a los dos diputados autonómicos en la operación de derribo de un Gobierno socialista para la Comunidad de Madrid. El escolta asegura que le contrató la Universidad Complutense.

Según fuentes que tuvieron acceso a la declaración, el vigilante de seguridad José Antonio E. hizo una declaración inconexa y "poco fiable", que ahora tendrá que ser comprobada en todos sus puntos. Pero la principal novedad fue que calificó de "mentira" todas sus anteriores manifestaciones sobre contactos y encargos por parte del CNI. De las tres declaraciones efectuadas hasta ahora, en la primera sostuvo la versión sobre el CNI y en la segunda la calificó de invención por una depresión que atravesaba. Ayer, volvió a negar la teoría de que trabajaba para el CNI. Su justificación ante el juez también fue de lo más pintoresca: adujo que había estado en tratamiento psiquiátrico a raíz del cual había perdido temporalmente la memoria.

Tras hacer desaparecer de escena al CNI, reiteró que el encargo le llegó de "Paco", es decir, Francisco García Martínez, un encargado de seguridad de la Universidad Complutense que dependía del entonces gerente de la Universidad Dionisio Ramos, que en 1995 formó parte del primer Gobierno del PP que tuvo la Comunidad de Madrid. José Antonio E. añadió que él nunca ha llegado a hablar con Dionisio Ramos.

José Antonio E. al menos sí confirmó que se hizo cargo de la "vigilancia primero y protección después" de Tamayo y Sáez, un día después de la investidura de Concepción Dancausa (PP) como presidenta de la Asamblea de Madrid debido a la deserción de los dos diputados socialistas, que quitaron la mayoría absoluta a PSOE e IU. También confirmó el escolta que tuvo a su cargo a los dos tránsfugas socialistas durante tres días.

Según las fuentes consultadas, la declaración de José Antonio E. "cambió mucho" respecto de anteriores afirmaciones, y el imputado se negó a contestar a preguntas clave, como la de por qué mencionó al CNI como origen del contrato.

Bajo sospecha

En cuanto el decurso del interrogatorio le ponía en una situación comprometida, el vigilante se fajaba aduciendo que los hechos relativos al tamayazo no tenían nada que ver con la razón de su comparecencia ante el juez. Ciertamente, ésta se producía por su imputación en presuntos delitos de uso público de nombre supuesto, revelación de secretos y falsedad en documento. Cuando se le hizo ver que él utilizaba el tamayazo en su descargo, se limitó a no contestar.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, manifestó ayer, a propósito del caso Tamayo y Sáez, que es partidaria de que el asunto se siga investigando, y añadió que no se siente "bajo sospecha" ya que su partido no tiene nada que ver con los hechos. Aguirre añadió que precisamente por eso prefirió convocar nuevas elecciones y no llegar a ser presidenta aprovechando las ausencias de Tamayo y Sáez.

A Esperanza Aguirre le contestó el vicesecretario general de los socialistas de Madrid, Antonio Romero, quien solicitó a la presidenta de la Comunidad que "deje de echar balones fuera sobre el papel del Partido Popular en la traición de Tamayo y Sáez", al tiempo que reclamó su colaboración con la Justicia para esclarecer el asunto. "Lo que no es de recibo", añadió, "es que Esperanza Aguirre diga que su partido no tiene nada que ver con esto, ya que los mayores beneficiarios de la trama fueron ella y el PP", sentenció Romero, quien pidió a Aguirre que explique "qué papel jugó su partido en una trama de la que después ella resultaría ser la máxima beneficiada".

Por su parte, el secretario general del Partido Socialista de Madrid y portavoz en la Asamblea de Madrid, Rafael Simancas, expresó la necesidad de que "se esclarezca definitivamente lo que sucedió en el verano de 2003".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 3 de diciembre de 2005