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El Consell exime a los promotores de compensar millones de metros cuadrados con una fe de errores

Proyectos urbanísticos como Mundo Ilusión se benefician de la corrección aprobada ayer

Primero fue no, luego sí y ahora, de nuevo no. La Ley de Ordenación del Territorio (LOT), aprobada en 2004, exoneró a los promotores de PAI con baja edificabilidad de ceder al municipio o a la Generalitat el mismo suelo protegido que pretendían urbanizar. En el proyecto de ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat de 2006 se eliminó esta excepción y ayer el pleno del Consell, mediante una fe de errores, suprimió esta obligación hasta julio de 2006. Tal rectificación librará a los promotores que habían presentado sus PAI de la obligación de ceder millones de metros cuadrados.

La decisión ha creado gran malestar en el cuerpo de letrados de Presidencia

Un cargo de la Consejería de Territorio y Vivivenda reconocía hace unos días que su departamento había detectado cómo desde la entrada en vigor de la LOT, en julio de 2004, los promotores recurrían a edificabilidades por debajo de 0,35 metros cuadrados de techo por cada metro cuadrado de suelo para evitar la cesión de suelo protegido a las administraciones públicas y anunció que este aspecto se corregía en el proyecto de Ley de Acompañamiento de los Presupuestos autonómicos.

El carácter retroactivo que Territorio pretendía darle a la cesión de "un metro protegido por cada metro recalificado", que se remontaba a julio de 2004, quedó ayer en agua de borrajas. La presión ejercida por promotores y constructores, que hubieran tenido que invertir miles de millones de euros en la compra de suelo protegido y en la modificación de muchos de los Programas de Actuación Integrada (PAI) presentados en los últimos 18 meses, ha hecho que el Consell eche atrás una modificación de la LOT, que se encuentra en plena tramitación, a través de una modificación de la ley de acompañamiento amparada en un supuesto error que habría tardado dos meses en detectar.

El texto original de la LOT sostiene que "toda clasificación de suelo no urbanizable en suelo urbanizable supone la cesión gratuita a la Administración de suelo no urbanizable protegido, con una superficie igual a la reclasificada", cuando la densidad es superior a 0,35 metros cuadrados de techo por cada metro cuadrado de suelo. Con este artículo, Territorio obligaba a los promotores a ceder suelo protegido por el desarrollo de aquellos planes con unos niveles de densidad de construcción altos. Los de baja densidad quedaban exentos.

La Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, que debería servir sólo para modificar normativas fiscales, extendía este año la obligación de ceder suelo a todos los proyectos urbanísticos con independencia del índice de edificabilidad. El texto incluía otra referencia a la LOT, "escondida" en una disposición transitoria y redactada de forma poco comprensible, que obligaba a cumplir con el programa metro por metro desde la fecha de aprobación de la ley, es decir, desde julio de 2004.

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Y esta es la fecha que el Consell corrigió ayer en el pleno habitual de los viernes, después de las quejas recibidas de los promotores y constructores, para que la cesión sólo sea aplicable a los proyectos que sean expuestos al público a partir de julio del año próximo.

En cualquier caso, ésta no es la única modificación que incluye el proyecto de la ley de acompañamiento sobre la LOT, ya que las variaciones también eximirán de la cesión de suelo protegido a la parte de suelo reclasificado que se destine a la promoción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública. La modificación del mismo artículo hará posible también que en los "municipios en que no sea posible hacer efectivas estas cesiones" puedan realizarse "con terrenos aptos de otro término municipal". Esta posibilidad se une a la ya existente de que "si la Administración encargada de la gestión lo estima pertinente", puedan ser sustituidas las cesiones por "aportaciones monetarias del valor equivalente del suelo cedido".

El Consell no puede modificar una norma que haya superado el plazo de presentación de enmiendas, como es el caso de la ley de acompañamiento, que entró en las Cortes Valencianas en octubre y ha pasado ya por los trámites de las enmiendas a la totalidad y el debate en comisión. Por ello, está en disposición de ser discutida en el pleno, previsto para el próximo día 16.

Un experto en derecho parlamentario consultado por este periódico calificó de "chorizada" la maniobra del Consell de modificar sobre la marcha una ley a través de una corrección de errores. La tramitación normal de un proyecto de ley aprobado por el Gobierno y remitido al Parlamento con los preceptivos informes, entre ellos el del Consell Jurídic Consultiu, pasa por la apertura de un plazo de 15 días para la presentación de enmiendas por los grupos parlamentarios. Ya es irregular que un grupo de la oposición se encuentre con que el partido que sustenta al Gobierno ha presentado enmiendas que modifican el texto. Porque eso deja en situación de indefensión a los grupos parlamentarios, que no pueden volver a enmendar. Es lo que ha sucedido esta misma semana con el proyecto de Ley Urbanística Valenciana (LUV), a la que el PP ha presentado una batería de enmiendas que modifican el texto original, con la excusa de adaptarlo a las directrices europeas. Los socialistas se quejaron precisamente por eso.

"Lo que ya resulta estrambótico es que una vez superado el plazo de enmiendas el Gobierno diga que se ha equivocado y quiera modificar una ley", señaló el experto consultado, quien añadió que en esta situación la oposición podría pedir la apertura de un nuevo plazo de presentación de emiendas. Algo que seguramente el PP no aceptaría, puesto que eso, en este caso, podría suponer que el proyecto de ley de acompañamiento no se aprobara antes del 31 de diciembre.

Fuentes parlamentarias indicaron que ya durante la sesión plenaria del miércoles en las Cortes Valencianas algún diputado popular que conocía las intenciones del Consell manifestó sus dudas acerca de la legalidad de la decisión que efectivamente se adoptó en el pleno del Gobierno valenciano celebrado ayer en Castellón. Una decisión que ha creado malestar en el propio cuerpo de letrados de Presidencia de la Generalitat.

Entre los PAI que se verán beneficiados por esta corrección de última hora están los proyectos del entorno de Mundo Ilusión en los municipios de Cabanes y Oropesa, o Santa Bárbara Golf, en la localidad de Burriana.

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