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Columna
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Si no nací en el Mediterráneo

Soledad Gallego-Díaz

Es posible que la etapa 2005-2006 no pase a la historia como la época en la que se modificaron los Estatutos de Autonomía, sino como el bienio en el que se terminó de destrozar para siempre la costa mediterránea española. Por lo menos, en Europa están mucho más preocupados por la furia constructora de la Comunidad Valenciana, de Murcia, de Almería o de Málaga que por nuestros problemas identitarios. La Comisión ha advertido a España sobre el incumplimiento de la directiva marco para un uso prudente de los recursos hídricos y la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que recibió 15.000 quejas de españoles y comunitarios que ya viven en la Comunidad Valenciana, ha elaborado un informe alarmadísimo sobre la regulación del urbanismo en esa zona. La autora del informe, no vinculante, es la eurodiputada conservadora francesa Janelly Fourtou (madame 95%, como la llaman en Estrasburgo por su impecable asistencia a las sesiones del PE), y reconoce que se quedó especialmente horrorizada por la extraña idea que tienen las leyes valencianas sobre en qué consiste el "interés público" (www.europarl.eu.int/news/expert/infopress_page)

La cuestión es que la autonomía de las comunidades españolas no parece haber servido para mucho a la hora de impedir la especulación urbanística ni la destrucción del medio ambiente. Casi ha sucedido lo contrario: muchos Gobiernos y Parlamentos de comunidades autónomas han demostrado tener incluso menos sensibilidad que los antiguos responsables centralistas. El año que ahora acaba, 2005, pesará sobre todos nosotros como pesaron los desastres de la época del desarrollismo. Hasta hoy, el récord de construcción de vivienda visada lo tenía 1973, con 553.000 unidades, una auténtica miseria a la vista de las más de 800.000 viviendas visadas en 2005 por los colegios de arquitectos y el millón que se prevé para 2006 (datos recogidos por el economista Julio Rodríguez).

El récord, por supuesto, se lo lleva la costa mediterránea: Alicante, Murcia y Málaga fueron las provincias con más proyectos visados (muy cerca de Madrid o Barcelona). Almería, Murcia, Castellón, Tarragona, Málaga baten todos sus récords de construcción... Murcia se lleva la palma en cuanto a viviendas construidas por 1.000 habitantes: nada menos que 38,5.

Lo asombroso es que nadie parece realmente alarmado. La información se "encapsula" en los Parlamentos de cada una de las comunidades afectadas y no llega al Parlamento nacional. No se habla del asunto a nivel general, como si a los andaluces no les importara lo que pasa en la costa valenciana o viceversa, como si nadie, sino los propios interesados de cada pueblo, tuviera nada que decir sobre lo que ocurre.

Pues sepamos todos que las previsiones son cada vez más inquietantes. En la Feria Urbe Desarrollo que se acaba de celebrar en Valencia se ha constatado que las nuevas promociones se venden en un máximo de 18 meses, que 800.000 europeos se quieren jubilar en el País Valenciano y que estamos a la espera de la llegada de decenas de miles de ciudadanos del antiguo Este que empiezan a tener dinero y que, como todos, quieren tener un pequeño apartamento al sol. En Murcia no piensan dejar pasar la ocasión de construir nuevos Benidorm. El presidente de la comunidad, Ramón Luis Valcárcel, del PP, lo ha dejado meridianamente claro, incluso se ha indignado: nadie tiene por qué darle indicaciones sobre el destino del agua que reclama. "¿Por qué tiene que ser para regar lechugas?", protesta. En Murcia hay cuatro campos de golf y 45 en proyecto, claro que no es mucho si se compara con los que ya existen en Málaga. En un pueblo murciano de 17.000 habitantes, Alhama, se prevé construir una urbanización con 60.000 nuevas viviendas. Hace poco hubo que parar la construcción de otra urbanización con golf en una finca de Águilas especialmente protegida; cuatro concejales del PSOE se ausentaron para no votar en contra de la operación. Ahora han sido expulsados del partido. Algo tarde, como tarde se han tomado medidas contra la especulación salvaje promovida por el Ayuntamiento de Marbella.

¿Tenemos derecho a preocuparnos y a decir algo, aunque no hayamos nacido en el Mediterráneo? solg@elpais.es

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