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Francia y España impulsan un acuerdo Schengen sobre fronteras marítimas

Los ministros de Justicia conversan en París sobre el control de la inmigración ilegal

Los ministros de Justicia de Francia y España, Pascal Clément y Juan Fernando López Aguilar, respectivamente, se reunieron ayer en París para avanzar acuerdos en materia de cooperación judicial en cuestiones de lucha antiterrorista, control de fronteras y creación de un espacio común de libertad, justicia y seguridad. "En ese último aspecto Francia y España son las locomotoras de la UE" dijo López Aguilar. La cuestión de los flujos de emigración ilegal plantean grandes problemas a los ministros de Justicia de la Europa mediterránea. "El próximo jueves, en el marco de un encuentro bilateral, debo encontrarme con mi homólogo italiano para proponerle que comparta lo que hemos perfilado ahora con Pascal Climent", manifestó ayer el ministro español de Justicia, "y que pudiera resumirse como un Schengen del mar, es decir, una política común en materia de fronteras marítimas".

López Aguilar señaló que se trata de extender al mar los mecanismos de control existentes en el espacio Schengen, que ya están en vigor en tierra. "Ha llegado el momento de que aportemos algunos recursos comunes" para luchar contra la inmigración ilegal, añadió el ministro.

López Aguilar precisó también que se trataba tanto de "coordinar el trabajo de vigilancia de las patrulleras como el que éstas compartieran protocolos a la hora de interceptar los navíos con los que los inmigrantes intentan penetrar en Europa".

Además, añadió, con Francia e Italia "también debiéramos estar de acuerdo en lo pasos a seguir en la manera de recibir a los emigrantes y enfocar su eventual repatriación".

El ministro francés de Justicia no quiso pronunciarse sobre el eventual acercamiento de los presos etarras al País Vasco -"Francia seguirá aplicando su política carcelaria con humanidad y firmeza", fue todo lo que dijo-.

Mientras, López Aguilar se felicitaba de que el acuerdo adoptado en verano en Dublín por la UE -la prescripción de ciertos delitos se rige de acuerdo con la ley del país que reclama una extradición- permita ahora pedir de nuevo que el asesino de Enrique Cuesta (delegado de Telefónica en San Sebastián), el presunto etarra Joxean Zurutuza Sarasola, pueda ser extraditado por un crimen cometido en 1982.

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