La desviación del IPC costará 1.800 millones más en pensiones

Los precios se han desacelerado ligeramente este mes, con una inflación del 3,4% en el último año, una décima menos que en octubre. Ese porcentaje supone que el Gobierno gastará este año 1.817 millones de euros en revalorizar las pensiones (contributivas y no contributivas) al desviarse el índice de precios al consumo (IPC) del 2% previsto. Esa cantidad supera lo que el Ejecutivo destinará en 2006 a pagar prestaciones de maternidad.

El Gobierno ya cuenta con un cálculo bastante preciso sobre el coste en pensiones que supondrá este año la tradicional desviación de los precios por encima de lo previsto. El Instituto Nacional de Estadística (INE) hizo ayer público el avance del IPC armonizado correspondiente a noviembre. Ese mes es el que se tiene en cuenta para calcular la revalorización que se aplica a los pensionistas por la pérdida de poder adquisitivo que les provoca una subida de precios mayor de lo esperado. Las subidas adicionales afectan tanto a los ocho millones de personas que cobran una pensión contributiva (por la que han cotizado) como a los 482.098 que perciben una no contributiva (asistencial).

Los pensionistas cuentan con una revalorización automática del 2% (inflación prevista) que ya incluyen los Presupuestos para el año próximo. En el caso de las pensiones mínimas, los incrementos van del 5% al 6,5%. A esas cantidades hay que sumar otros 1,4 puntos porcentuales, según el dato adelantado de noviembre. Cada décima que se desvía, la inflación tiene un coste de 64 millones de euros para las arcas del Estado. Así, el Ejecutivo retribuirá a los pensionistas con una paga compensatoria a finales de enero para contrarrestar los efectos de la subida de precios. Esa paga ascenderá a 896 millones de euros.

Sin embargo, esa cantidad se consolida en la pensión, de forma que los aumentos previstos para el año próximo se calculan ya sobre la base de sumar esa mejora a la pensión inicial. La consolidación cuesta otros 896 millones. En total, son 1.792 millones que el Ministerio de Trabajo tendrá que disponer para repartir entre los pensionistas contributivos. Los no contributivos suponen 25 millones más, por lo que la cantidad resultante son 1.817 millones.

Pese a todo, el cálculo no puede darse por definitivo. La cifra del indicador adelantado del INE suele coincidir con la real, pero precisamente el año pasado no resultó idéntica en noviembre. La inflación aumentó un 3,5%, aunque se había avanzado, al igual que este año, un 3,4%. El 3,5% finalmente registrado supuso un gasto adicional en pensiones de 1.873 millones de euros, algo más de lo previsto este año.

El dato definitivo del IPC de noviembre se conocerá el próximo 15 de diciembre. A partir de entonces el Gobierno tendrá que preparar la partida adicional. El año pasado, la revalorización de las pensiones se aprobó mediante un decreto ley. La fórmula tradicional suele ser una enmienda a los Presupuestos del año siguiente, pero como el año pasado recibieron un veto en el Senado no hubo posibilidad de introducir enmiendas en la última fase de tramitación en el Congreso. Este año sí existe esa herramienta.

El sobrecoste de las pensiones derivado de la inflación supone una importante partida para la Seguridad Social. La cantidad correspondiente a este año supera, por ejemplo, lo destinado en 2006 a pagar prestaciones de maternidad y de riesgo por embarazo (1.435 millones de euros) y tiene casi el mismo peso que el gasto en pensiones no contributivas (1.910 millones).

Mejor de lo esperado

A la espera de conocer el dato definitivo que permita completar el análisis, el IPC de noviembre supone, de confirmarse, una desaceleración de una décima respecto al dato de octubre (3,5%). Se trata del segundo descenso consecutivo y modera un indicador que amenazaba con dispararse a cifras cercanas al 4% a finales de año. Una vez despejada en gran parte la cifra de noviembre, queda por conocer el IPC de diciembre, que tiene un gran impacto en este caso en las cuentas de las empresas. Ese dato se toma como referencia para revalorizar los salarios e impedir la pérdida de poder adquisitivo.