El TSJ anula el plan especial de la planta de residuos sólidos de Alcoi

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha vuelto a dar la razón a los vecinos que denunciaron ante los tribunales un cúmulo de irregularidades en el proceso de tramitación y construcción de la Planta de Residuos Sólidos Urbanos de Alcoi.

El alto tribunal valenciano, a través de una sentencia, ha declara nulo de pleno derecho el plan especial sobre el que se apoyó el Ayuntamiento de Alcoi, gobernado por el Partido Popular, para llevar a cabo la construcción de esta planta, en la Partida de Sant Benet.

El fallo de TSJ también deja sin efecto la resolución del Consell que hacía prevalecer la construcción de esta instalación como un bien de interés general para la comunidad frente a un interés particular, el de los vecinos denunciantes.

El TSJ, en su sentencia hecha pública ayer, establece que la zona que ocupa la planta de residuos sólidos debe ser restablecida a su estado original, como área de protección de bordes urbanos, en la cual "no se puede llevar a cabo ninguna actividad calificada como molesta, insalubre, nociva y peligrosa".

Este tribunal ya invalidó la licencia de actividad de esta planta a través de una sentencia firme, hecha pública en julio de 2002 por, entre otros asuntos, haber sido construida sin el preceptivo plan especial. La sentencia obligó entonces a la clausura de la instalación, extremo que no se llevó a cabo.

La empresa Vaersa, responsable de la construcción y gestión de la planta, y el Ayuntamiento de Alcoi subsanaron los errores formales y solicitaron una nueva licencia de actividad.

La planta inició a principios del pasado octubre el periodo de pruebas y empezó a recibir los primeros residuos, para su posterior tratamiento en la planta de Xixona.

La instalación no ha estado exenta de la polémica desde que comenzó a construirse en el mes de julio de 2001 hasta que fue inaugurada en febrero de 2002. Desde entonces ha permanecido parada y aún carece de los viales de acceso y de los servicios de luz y agua.

Los vecinos de la zona, que lograron reunir alrededor de 6.000 firmas contra esta planta, han asegurado que las condiciones en las que se han puesto en marcha la instalación en la fase de pruebas carecen de garantías de salubridad e higiene.