El Síndic de Greuges critica el escaso apoyo de Blasco a la VPO

Los ayuntamientos y la Consejería de Territorio y Vivienda, que dirige Rafael Blasco, prestan escaso apoyo a las viviendas de promoción pública que apenas suponen el 6% de las que se construyen. Ésta es una de las conclusiones del Síndic de Greuges, Bernardo del Rosal, en el informe sobre el acceso a la vivienda de sectores desfavorecidos presentado ayer. Del Rosal alertó del riesgo de despoblamiento de los centros históricos si no se presta el "máximo rigor" en la protección y rehabilitación de los inmuebles.

Territorio y Vivienda ha puesto "bastantes obstáculos" a la hora de facilitar datos

El Síndic fue especialmente contundente con la consejería de Territorio y Vivienda, que dirige Rafael Blasco. "No ha cumplido con algunas de las recomendaciones que se le hicieron desde la institución en 2003", señaló Bernardo Del Rosal, que también destacó que ha puesto "bastantes obstáculos" para facilitar datos. Entre ellos, puso el ejemplo de que no se ha proporcionado el número de ciudadanos que han solicitado una vivienda pública al Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) ni el esfuerzo inversor en viviendas protegidas.

Del Rosal entregó ayer a las Cortes dos informes especiales, uno referente al acceso a la vivienda en la Comunidad Valenciana por los colectivos sociales más desfavorecidos, y otro sobre la situación de los instrumentos destinados a garantizar el cumplimiento de los deberes de edificación y conservación de inmuebles.

El primero concluye, según Del Rosal, en que hay "muy poca" actividad para favorecer el acceso de estos colectivos más desfavorecidos a una vivienda digna, y una "muy reducida promoción de viviendas de promoción pública por parte de los ayuntamientos". Del Rosal comentó que no hay estudios, planes o programas específicos que aborden las necesidades de cada uno de los colectivos desfavorecidos -familias con escasos recursos, mujeres maltratadas, inmigrantes, personas discapacitadas o mayores- que la cuantía de las ayudas es "escasa" y que la normativa es "compleja y dispersa, lo cual, a veces, también dificulta el acceso a las ayudas".

"Tampoco existen, porque no se confeccionan o no se mantienen, listas de espera unificadas por municipios, con lo que es imposible conocer el número de solicitantes de viviendas protegidas" y "lo que es más grave, no se destinan bienes integrantes del patrimonio municipal del suelo a la construcción de viviendas de promoción pública". Esto es un incumplimiento legal, según Del Rosal ya que "el artículo 280 de la Ley de Régimen del Suelo de Ordenación Urbana de 1992 obliga al destino de estos bienes integrantes del patrimonio municipal del suelo a la construcción de viviendas de promoción pública".

Respecto al informe sobre conservación y edificación de inmuebles, el Síndic pidió a la Administración local y autonómica el "máximo rigor" en la protección y rehabilitación de los inmuebles para evitar la "despoblación y deterioro" que están padeciendo "a pasos agigantados" muchos de los centros históricos de poblaciones. El informe pretende dar "un toque de atención" a las administraciones implicadas para que retomen la tarea de potenciar los centros urbanos.

La secretaria autonómica de Territorio y Vivienda, Cristina Serrano, señaló que su departamento "no ha puesto obstáculo alguno al Síndic" y lamentó que Del Rosal "haya ofrecido una información sesgada sobre la política de vivienda del Consell". También el gerente del Ivvsa lamentó la "información sesgada" del Síndic "al no reconocer el esfuerzo de promocionar las VPO".