El Gobierno pretende aprobar en un año el primer plan de protección del litoral vasco
El proyecto, que mejorará la ley de Costas, definirá 12 zonas como de defensa prioritaria
El Gobierno prevé tener aprobado de manera definitiva durante el segundo semestre de 2006 el primer plan de protección del litoral vasco. El documento ampliará los mecanismos de defensa de la ley de Costas al limitar no sólo las construcciones, sino otras actuaciones, como los usos deportivos o los movimientos de tierras. El plan, que ha recibido 29 alegaciones, la mayoría de municipios, define 12 áreas como de protección prioritaria para convertirlas en arrecifes artificiales y zonas de reserva marinas. El coste estimado de las actuaciones suma 75 millones de euros.
La elaboración del plan de protección del litoral se remonta a 1998, cuando empezó a redactarse su avance. El proceso ha sido laborioso debido a la necesidad de lograr un consenso, especialmente con los ayuntamientos, que se han encontrado con una nueva normativa que limita sus actuaciones urbanísticas. En principio, se planteaba que las medidas del plan afectasen a una zona de 500 metros desde el litoral, frente a los 200 metros que fija la ley de Costas. Después del proceso de discusión, la protección será parecida a la normativa estatal de Costas, "aunque no será tan estricta. En algunas zonas será más y en otras menos", afirma la viceconsejera de Ordenación del Territorio Ana Oregi.
El plan de defensa del litoral complementará la ley de Costas, más genérica y limitada al control de las edificaciones urbanísticas en la franja costera. "Con ella se actuará sobre otros usos, como pueden ser los movimientos de tierras o los usos deportivos, que también tienen una incidencia perjudicial", explica la viceconsejera.
Más de la mitad de la población vasca, alrededor de 1,1 millón de personas, reside en la franja costera, pese a que sólo representa el 12% del territorio, lo que explica la degradación que se ha producido por la concentración de usos industriales, pesqueros, residenciales y de infraestructuras.
Alegaciones
El plan fue aprobado inicialmente el pasado mes de febrero y ahora sólo resta la ratificación provisional, que el Departamento de Medio Ambiente pretende realizar en el primer semestre del año entrante, según consta en una respuesta parlamentaria de la consejera Esther Larrañaga al PP. Ahora se halla en la fase de estudio y respuesta a las 29 alegaciones presentadas, la mayoría de ayuntamientos, aunque también han presentado otras los departamentos de Agricultura y Transportes del Gobierno y la Diputación de Guipúzcoa, además de colectivos ecologistas, arrantzales o la Federación de Surf.
El documento tramitado señala que el litoral de la comunidad autónoma presenta grandes diferencias entre la zona costera, "menos degradada, y las zonas estuáricas, sometidas a fuerte presión humana en su mayor parte". Agrega que las áreas con mayores afecciones se ubican en los estuarios ligados a actividades portuarias, como Bilbao, Pasaia u Ondarroa.
El proyecto identifica áreas de gran extensión y difícil acceso pero de valor natural "notable" que requieren una protección "eficaz para evitar presiones futuras", entre las que cita los acantilados de Jaizkibel y los situados entre Zumaia y Deba, el arco costero de Ogoño a Matxitxako (junto al municipio de Bermeo) o el área de San Juan de Gaztelugatxe.
El documento concluye que la costa vasca "necesita una política urgente de protección" de los ecosistemas más representativos y apunta 12 áreas con un interés naturalístico relevante. Propone la creación de arrecifes artificiales en Armintza, Elantxobe, Deba, Getaria y Pasaia, "dada la experiencia obtenida en otros puntos del litoral del Estado" con esta figura tanto por "el aumento de la biodiversidad, como por sus efectos como medida disuasoria para evitar prácticas de pesca ilegales, arrastre,..." Además, plantea zonas de reservas marinas, que introducen "restricciones de uso en aras de la conservación y mejora de los recursos marinos", en el islote vizcaíno de Villano, San Juan de Gaztelugatxe, la isla de Izaro, la rasa mareal de Zumaia y las aguas exteriores de Izaro. Igualmente, propone formar dos zonas de protección entre Izaro y Elantxobe y entre Deba y Zumaia.
El texto hace un cálculo de costes, que, sin incluir las intervenciones de la Administración con partidas ya consignadas, se eleva a casi 75 millones de euros, de los que más de 38 se destinarían a la restauración de playas y zonas costeras degradadas. Otros 17 millones se destinarán a la construcción de depuradoras de aguas residuales.
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