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El Ayuntamiento de Marbella destituye a los dos ediles condenados por delito urbanístico

La oposición acusa a Yagüe de no facilitar información sobre los medios municipales

El Ayuntamiento de Marbella retiró ayer el acta de concejal y destituyó de sus cargos a los ediles Rafael Carrasco y Marisa Alcalá, condenados por un delito urbanístico al autorizar una promoción inmobiliaria en la zona conocida como Banana Beach. Previamente, el pleno dio cuenta de la sentencia dictada en apelación por la Audiencia de Málaga el 9 de noviembre contra González y Alcalá, a los que condenó a seis meses de prisión y ocho años de inhabilitación para cargo público junto al anterior alcalde, Julián Muñoz, y otros cuatro ex concejales del Grupo Independiente Liberal (GIL).

"Quiero dar las gracias a estas dos personas por el trabajo realizado desde el año 1991. Sé que son personas íntegras y trabajadoras", dijo durante el pleno la alcaldesa, Marisol Yagüe. Los puestos de Rafael González, adscrito al equipo de gobierno, y de Marisa Alcalá, en el grupo mixto B de la oposición, serán ocupados por los dos siguientes en la lista del GIL, Felipe Plasencia y Mariló Miñones, que tomarán posesión una vez lo autorice la Junta Electoral. La regidora eludió hacer valoraciones sobre una sentencia que también condena a su hermano Juan Antonio Yagüe, ex edil gilista.

No parece que Yagüe vaya a recuperar la mayoría absoluta que perdió tras cesar de sus puestos a sus antiguos socios andalucistas por "extorsionar a trabajadores municipales". Mientras que Plasencia ha confirmado su próxima integración en el equipo de Yagüe, Miñones se ha mostrado reacia, y ya ha comunicado a la alcaldesa que tomará posesión como concejal del GIL, partido por el que concurrió en las pasadas elecciones municipales. La decisión no ha gustado nada a Yagüe, a sólo un voto de la mayoría.

Nueva denuncia

Esta será la quinta remodelación de su equipo de gobierno en los últimos dos años y medio y puede que no la última, habida cuenta que muchos de los actuales miembros del equipo de gobierno, Yagüe incluida, tienen causas pendientes. Ayer mismo, PP, PSOE y el resto de la oposición anunciaron que presentarán una denuncia conjunta contra la regidora en los juzgados por un delito contra el ejercicio de los derechos cívicos, delito por el que fue condenado a inhabilitación su antecesor, Julián Muñoz. El anuncio se produjo tras la celebración, finalizado el pleno, de la Junta General de accionistas de la empresa municipal Comunicación y Difusión 2.000, a través de la que se gestionan la radio y televisión municipales y el periódico gratuito La Tribuna.

La oposición forzó la convocatoria para conocer los sueldos de los directivos y el balance económico de la sociedad, dos puntos que fueron eliminados por Yagüe del orden del día, lo que motivó que decidieran acudir al Juzgado. Además, la oposición pedía la celebración de un pleno donde "se modificara la composición del Consejo de Administración" de Difusión y Comunicación 2000, así como la inclusión de representantes de todos los partidos, cargos "no remunerados", según explicó la portavoz popular Ángeles Muñoz.

"Sigo pensando que Martín Hidalgo (director de La Tribuna y antiguo hombre de confianza de Jesús Gil) lo hace muy bien", dijo la alcaldesa, que aseguró que el diario municipal gratuito "no cuesta nada al Ayuntamiento y se financia con publicidad", algo que pone en duda la oposición. Yagüe aseguró que el debate plenario sobre la gestión de los medios de comunicación de titularidad municipal no se celebró por "una errata" en la solicitud cursada por la oposición. La alcaldesa explicó que "dado que se trataba de un error, se ha propuesto a la oposición la celebración de una sesión extraordinaria" en la que se debatan los asuntos requeridos por los partidos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 29 de noviembre de 2005