La pelea por la central

Más de tres millones de españoles utilizan el ADSL para conectarse a Internet, una tecnología relativamente barata porque utiliza la Red convencional, propiedad de Telefónica. Los operadores alternativos se quejan de que los costes para acceder a las centrales de Telefónica son desmesurados, y de que el ex monopolio incumple los plazos y las condiciones que le impone el regulador, como pone de manifiesto un informe encargado por estos operadores.

La inversión mínima de un operador para instalarse en una central de Telefónica es de entre 8.700 y 16.000 euros

La compañía que preside Alierta niega que incumpla los plazos regulados y recuerda que los plazos que marca la CMT son muy cortos

Telefónica tiene prácticamente el monopolio del ADSL (Bucle de Abonado Digital Asimétrico), el acceso rápido a Internet mediante módem que utiliza la línea telefónica convencional, por lo que no precisa de grandes inversiones. A 30 de septiembre pasado, había en España 3.124.931 líneas de ADSL propiedad de Telefónica. De ellas, 2.416.323 son comercializadas directamente por la operadora a sus clientes, y el resto, son alquiladas a otras compañías de la competencia, con precios regulados. Estas operadoras revenden, a su vez, el servicio a sus clientes.

Pero para los que no quieran actuar directamente como revendedores, el modelo de competencia española permite además la llamada desagregación, por el que el operador se instala en la central de Telefónica, accediendo al último tramo de la línea que llega a casa del abonado (llamado bucle local). La desagregación puede ser compartida (se alquila el bucle para dar ADSL pero no llamadas de voz) o completa (se ofrece todo el servicio). Actualmente, hay 361.284 bucles alquilados. Las condiciones de acceso a la central, tanto en plazos como en precios, es regulado por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).

Esta ocupación regulada de las centrales ha dado lugar a una verdadera batalla no sólo comercial sino jurídica. Los rivales de Telefónica acusan al ex monopolio de ponerle todas las trabas posibles, incumpliendo los plazos e impidiéndoles dar un buen servicio. Telefónica señala que cumple con la normativa y que sus competidores utilizan la desagregación del bucle para esconder sus propias ineficiencias. Ni unos ni otros se ponen de acuerdo en la interpretación de las condiciones en que debe producirse el traspaso de líneas.

La desagregación comienza en el momento en el que el operador pide permiso para instalarse en la central a Telefónica. Ésta dispone de un plazo máximo de cinco días laborables para aceptar o denegar la solicitud. En el plazo de cuatro días desde la aceptación de la solicitud y con al menos dos días de antelación respecto a la fecha efectiva del cambio, Telefónica debe comunicar al operador que solicita el traspaso de la línea del cliente, y en su caso, al anterior operador que le daba el servicio al cliente, la fecha y hora, durante el cual se llevará a cabo el traspaso para que el nuevo operador esté preparado y el cliente no se quede sin servicio.

Informe de los alternativos

Según un informe encargado por los operadores alternativos, Telefónica no está cumpliendo con los plazos que comunica, lo que origina que el cliente se quede sin servicio telefónico, desconfíe del procedimiento y quiera rescatar su antigua línea.

Luego viene el problema de los costes. En el caso de la reventa, los operadores deben pagar a Telefónica 21,09 euros al mes por cada cliente, un precio fijado por la CMT, lo que supone que el margen de beneficio es el mismo para todos los operadores, por lo que éstos se quejan de que es difícil competir ofreciendo al cliente el mismo servicio ADSL. En cuanto al alquiler del bucle, los nuevos operadores tienen que instalar en la central sus propios equipos, desconectar el cable del equipo de Telefónica y conectarlo en el suyo. Todas estas actuaciones pagando unas cuotas a Telefónica tanto en una como en otra modalidad, que depende además, de si las centrales son conectadas con fibra propia o son conectadas con líneas alquiladas a Telefónica.

Según las cuentas de los operadores alternativos, cuando quieren instalarse en la central de Telefónica, en la modalidad compartida, la inversión mínima oscila entre 8.700 y 16.000 euros, además de abonar otros costes por cliente (alta del servicio, baja del servicio, cuota mensual y coste de preselección) de 76 euros. Además, el propio cliente tiene que seguir pagando a Telefónica la cuota mensual de 13,95 euros. En la modalidad de completamente desagregado, los costes por clientes ascienden a 86 euros.

Según este informe, Telefónica se retrasa en el 92% de las solicitudes de tendido interno, en el 100% de las de tendido de cable externo, el 65% de las de coubicación y la totalidad de las solicitudes de entrega de señal mediante capacidad portadora.

El informe indica que en cuanto al servicio que se ofrece directamente al cliente, Telefónica está entregando con retraso un 29% de las solicitudes. También en la reparación de averías que un operador alternativo solicita a Telefónica de uno de sus clientes, está tardando en la reparación de las mismas hasta un 54% mas de lo legalmente viene estipulado, siempre según el informe.

Plazos cortos

Telefónica no niega esos costes pero recuerda que los fija la CMT y que están orientados a cubrir exclusivamente los costes en los que incurre por su obligación de prestarlos. La operadora estima que los plazos fijados por la CMT son excesivamente cortos, mucho más que en el resto de los países europeos. También se queja de que el marco regulatorio no exige a los operadores una planificación previa del despliegue, que permitiera anticipar y planificar los recursos necesarios, sino que obliga a Telefónica a atender cualquier volumen de demanda que presenten, entre todos ellos, en esos plazos tan restrictivos.

La empresa que preside César Alierta niega los retrasos y apela a los datos de la CMT (Resolución de 27 de octubre pasado) que revelan que no existe demora en la desagregación compartida, pues el tiempo de atención son 10,58 días, frente a los 12 que fija la ley, mientras que en desagregado el retraso medio es de tres días.