De la descentralización de la justicia al Estatuto catalán

El debate sobre la descentralización de la justicia y los efectos de las reformas de Estatutos en el Poder Judicial se celebró el pasado jueves en la sede del gobierno de los jueces, un edificio con forma de media luna levantado en la segunda década del siglo XX sobre los restos de un teatro incendiado. El vocal conservador José Luis Requero y el progresista Juan Carlos Campo debatieron durante una hora sobre las iniciativas legislativas para descentralizar la Justicia.

José Luis Requero. El Constitucional dejó bien centrado el mapa, dijo hasta dónde podían llegar las comunidades y aquí lo que se plantea no es una descentralización en clave de mayor eficacia sino una descentralización inspirada por criterios puramente políticos. Se hace para colmar un determinado objetivo político, para que las comunidades tengan una intervención directa en un ámbito que el Constitucional dijo que era materia inaccesible a las comunidades.

"Hay un objetivo político: hacer concesiones a fuerzas que apoyan al Gobierno en Madrid y en Barcelona"

"En los últimos tiempos, el presidente del Supremo se ha alineado con el Partido Popular"

"Aquí parece que algunos han decretado un apagón intelectual, no se puede pensar, está prohibido opinar"

"El problema y el peligro está cuando el Consejo se inmiscuye en procesos a los que no está llamado"

"Hay riesgo de que tengamos 17 sistemas judiciales distintos, puede existir ese peligro"

"El proyecto de Estatuto catalán admite la superioridad del Consejo General del Poder Judicial"

Juan Carlos Campo. Yo, por contra, creo que sí es necesario. El modelo de administración de Justicia se encuentra agotado. No tiene los atributos de eficacia y eficiencia. Falta de agilidad de respuesta. Ingresan 7,5 millones de asuntos al año en nuestros tribunales y hoy tenemos en trámite en la jurisdicción civil 800.000 asuntos; en la jurisdicción penal, otros tantos, en la contenciosa, 250.000. Tenemos el Supremo con la sala primera de lo Civil atascada con casi 15.000 asuntos pendientes; la Sala Penal, en torno a 5.000, la tercera, 24.000. Los tiempos de respuesta se dilatan. El referente para cambiar este modelo y dotarlo de agilidad es la Constitución, y tenemos que analizarla en el título sexto y octavo, de organización territorial.

Requero. Pero no que unos se metan en el terreno de otro. Cataluña ha hecho una propuesta de Estatuto donde es la comunidad la que al final va a gobernar la justicia en una parte de España como es Cataluña. Aquí lo que hay es un objetivo político, la necesidad de hacer concesiones a determinadas fuerzas parlamentarias que apoyan al Gobierno en Madrid y en Barcelona y hay que dar algo a cambio, y una de esas cosas es el Poder Judicial. Estamos ante un puro trueque político.

Campo. No se está en el trueque, se está en una mejor organización judicial. No cojamos el rábano por las hojas. La Constitución da pie a una mayor descentralización de la que actualmente tenemos. En el Pacto de Estado impulsado por el PP en la anterior legislatura se ponía de manifiesto la necesidad de adecuar la justicia al estado de las autonomías, se hablaba de una justicia de proximidad y redefinir el papel del Supremo. Y creo que el proyecto de Ley Orgánica del Gobierno sobre el Poder Judicial es esencial, robustece el papel del Supremo. Nadie duda de que los tribunales superiores de justicia, lo dijo el Constitucional, son órganos del Estado en la comunidad. No se está rompiendo nada, ni se está cediendo soberanía.

Requero. Si se nos pone como ejemplo de descentralización la justicia de proximidad futura, tendré que concluir que más descentralizador que Franco no hubo nadie, que en su régimen hubo juzgados municipales y comarcales. Cuando me encuentro en el Estatuto catalán con que propone crear un Consejo de Justicia elegido al 100% por el parlamento catalán, tengo que deducir que hay una vocación de controlar políticamente el Poder Judicial desde Cataluña. Esto puede ser el futuro café para todos y al final multiplicarlo por 17.

Campo. El problema es que algunos intentan ir más allá de lo que los propios textos dicen. El artículo 97 de ese proyecto de Estatuto catalán nos dice que el Consejo de Justicia de Cataluña actúa como un órgano desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial, y por tanto admite la superioridad del Consejo General del Poder Judicial. Los Consejos de Justicia que se articulan en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial no rompen la unidad del Poder Judicial. Son una fórmula ampliada de las actuales salas de Gobierno de los Tribunales Superiores. No es admisible y me produce escalofrío la comparación de la justicia de proximidad con el régimen franquista que he oído de mi compañero.

Requero. No es baladí que todos los presidentes de tribunales superiores de justicia, la conferencia de presidentes de audiencias provinciales, todos los jueces decanos y las principales asociaciones de jueces, menos Jueces para la Democracia que viene a representar el 9% de la carrera judicial, todos hayan rechazado la idea de crear consejos de Justicia. El modelo catalán es abiertamente rechazable porque supone que ese órgano es formalmente estatal pero es materialmente autonómico, porque todos sus miembros serían designados por el parlamento catalán. Con el modelo catalán vamos a una especie de arrendamiento. Yo, estado, soy propietario del Consejo de Justicia catalán, lo que ocurre es que se lo arriendo a la comunidad catalana, que lo explota, lo utiliza y se beneficia de él.

Campo. No se va a cambiar el Gobierno de la Justicia sino que se va a desconcentrar. El estado autonómico configura una estructura compleja pero permite la participación de las comunidades en justicia. La cuestión será encontrar ese punto justo.

Los dos jueces analizan el papel de los Tribunales Superiores como última instancia judicial salvo para unificación de doctrina, que corresponde al Supremo. Requero. Es evidente que el Supremo no puede seguir como está, porque está bloqueado. A veces sienta doctrina cuando han pasado muchos años, y en algunas cosas sobre normas que ya han sido derogadas, lo que es sorprendente. Hay que plantearse qué hacemos con el Supremo, para que sea un órgano del que emane doctrina legal, lo haga en tiempo razonablemente ágil. Y a partir de ahí plantearnos qué hacer con los tribunales superiores de justicia... pero no al revés. Los tribunales superiores de justicia se han convertido ya de hecho en verdaderos supremos: en materia civil en cuanto al derecho civil especial o foral; en material laboral, ya son supremos; en contencioso administrativo como la mayor producción normativa proviene de las autonomías se están convirtiendo en los únicos interpretadores del derecho público.

Campo. Siempre salen los miedos a relucir. La propia Constitución establece en el artículo 152 que un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de las competencias del Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial. Pero hay muchos miedos a perder cuotas de poder o no sé qué. Es necesario potenciar lo que dice la Constitución, y es lo que hace el proyecto de Ley orgánica del Gobierno. Lo que no le puede faltar al Supremo es la unificación de doctrina.

El debate entra en las declaraciones del presidente del Supremo, quién aventuró que las reformas legales en marcha podrían dar lugar a que un delito lo fuera en una comunidad y no en otra.

Requero. Lo que he deducido de sus palabras es una reflexión respecto al riesgo de que tengamos 17 sistemas judiciales distintos. Puede existir ese peligro. Se nos puede decir que eso ya ocurre hoy, y efectivamente es una de las patologías que tenemos. Podemos encontrarnos con que una Audiencia Provincial diga blanco y otra negro. Hay que evitar que eso que está ocurriendo ahora se consolide y multiplique con vocación de permanencia.

Campo. Una cosa es el ejercicio de la libertad de expresión y otra que ésta convierta en ciertas sus palabras. Por ser el presidente del Supremo y del Poder Judicial, y por lo que comprometen a ambos órganos, nunca debían de haber sido emitidas. Aunque no nos ha extrañado porque en los últimos tiempos se ha alineado con el PP. No hay miedo a que ocurra lo que dice y en el ámbito penal, da casi escalofríos oírlo. Es imposible.

Requero. El presidente se ha referido a la reforma del Estatuto catalán. Y en esa reforma hay peligro. Ahí es donde hay una serie de problemas, espero que se enmiende en el Parlamento.

Campo. El problema y el peligro está cuando el Consejo se inmiscuye en procesos a los que no está llamado. Porque nosotros aquí sólo tendríamos que estar informando sobre lo que la Ley Orgánica nos dice. Todavía recuerdo en la anterior legislatura, modificaciones importantes al Código Penal, a la Ley General Tributaria o a la Ley de Extranjería donde el Gobierno no nos dio traslado de esas iniciativas legislativas. Pero desde el cambio de Gobierno, la mayoría de este consejo ha entendido que tiene que informar de todo: ocurrió con la Ley de matrimonios homosexuales y ahora vuelve a ocurrir, pese a que la Mesa del Congreso rechazó pedirlo. Como no se le puede llamar informe, le llamamos estudio. Decimos que es de consumo interno pero se filtra a la prensa antes. Hay una gran sintonía con el PP.

Requero. Hacemos este estudio sobre el proyecto de reforma del Estatuto catalán porque podemos y porque debemos. Podemos porque nuestro reglamento nos lo permite, y en segundo lugar debemos. Incurriríamos en una grave irresponsabilidad e imprudencia si el órgano que gobierna el Poder Judicial no dijese nada sobre una propuesta de reforma de Estatuto de autonomía que cambia por completo el modelo de Poder Judicial que ha establecido la Constitución. Aquí parece que algunos han decretado un apagón intelectual, no se puede pensar, está prohibido opinar. Incluso yo creo que salvo lo que ha dicho el señor Carod Rovira de que como se altere el Estatuto el gobierno peligraría, pues no se quiere tocar ese tema.