"Nos confiscaron hasta un burro y una mula"

"Hay documentos que reflejan que nos confiscaron hasta un burro y una mula", asegura Javier Druet, responsable de Patrimonio de la Unión General de Trabajadores (UGT), el sindicato fundado por Pablo Iglesias -que constituyó también el partido socialista- en 1888. La UGT explica que, al comienzo de la Guerra Civil, era propietario de más de 1.100 inmuebles en toda España. También era titular de más de 3.000 cuentas corrientes en bancos y cajas de ahorros, valoradas en 1986 en cerca de 1.500 millones de pesetas (nueve millones de euros). Pero la joya de la corona eran unos edificios situados en la zona de Azca, en Madrid, convertido en el centro financiero de la capital. La UGT valora los solares en unos 242 millones de euros.

El sindicato reconoce que utilizó el derecho sobre su patrimonio para avalar un crédito con el ICO

Ahora, el sindicato podrá ser compensado por los bienes que les requisaron. El pasado jueves, el Congreso de los Diputados aprobó un real decreto que permite al Gobierno devolver a los sindicatos UGT y CNT unos 155 millones de euros como compensación de los bienes incautados. Trabajo valora en 151,3 millones el patrimonio a devolver a UGT y en 3,7 millones de euros el de CNT.

Entre los bienes confiscados figuran muebles, maquinaria, imprentas y cabeceras de periódicos y revistas. Uno de estos periódicos era el Claridad, que dejó de imprimirse en marzo de 1939. Sus imprentas fueron requisadas. "En aquellas máquinas también se imprimía El Socialista y hasta hace poco han servido para imprimir las páginas del Boletín Oficial del Estado (BOE)", recuerdan desde UGT.

El decreto aprobado por el Congreso la semana pasada, sin embargo, ha contado con la oposición de

Comisiones Obreras (CC OO), organización constituida en los años sesenta, que ha criticado el proceso por "oscurantista" y porque considera la medida como una "subvención encubierta". El sindicato que lidera José María Fidalgo asegura que el Gobierno "no puede devolver bienes que no puede acreditar que fueron incautados". El día previo de la aprobación de la norma, CC OO presentó un documento del Ministerio de Trabajo en el que reconocía problemas para justificar la incautación de los bienes. Fidalgo ha anunciado que emprenderá acciones legales.

La UGT reconoce que utilizó el derecho sobre su patrimonio histórico, que entonces ya tenía reconocido, para avalar un crédito con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 64,3 millones de euros. El objetivo era hacer frente a la crisis de la cooperativa de viviendas IGS-PSV entre 1993 y 1994. Con este préstamo, el sindicato financió la construcción de 12.000 viviendas que la cooperativa tenía comprometidas. Actualmente, con los intereses devengados, la deuda ha engordado hasta cerca de 150 millones de euros.

El próximo miércoles se produce el vencimiento del crédito con el ICO. La UGT deberá cancelar la deuda o renovarla, como ha ocurrido en más de diez ocasiones desde 1995. El PP se opuso a la aprobación de la norma porque la vincula al crédito de UGT con el ICO. Según el portavoz popular, Vicente Martínez Pujalte, "las cantidades coinciden sospechosamente".

Más allá de las razones esgrimidas por unos y otros, lo cierto es que el Gobierno franquista se incautó de bienes de los sindicatos. Para explicar el fenómeno hay que remontarse al 13 de septiembre de 1936, cuando la Junta de Defensa Nacional, el órgano administrativo creado por los sublevados de la República, aprobó un decreto por el que se procedía a incautarse de bienes de organizaciones políticas y sindicales. Tres años más tarde, el 9 de febrero de 1939, el Gobierno de Franco requisó el patrimonio de las organizaciones y personas que defendían la legalidad republicana. El instrumento era la Comisión de Incautación de Bienes Sindicales Marxistas, que despojaba de sus bienes a cualquier entidad contraria el régimen franquista. También se requisó todo el fondo documental del sindicato, que ahora descansa entre el archivo de la Guerra Civil de Salamanca y las dependencias del Ministerio de Trabajo.

En 1982, el sindicato crea un archivo para reclamar todos los bienes que le fueron arrebatados: el Archivo Largo Caballero. Cuatro años más tarde, el Gobierno socialista de Felipe González aprueba una ley para la restitución del patrimonio histórico sindical. A partir de esta norma se aprueban cuatro devoluciones: "Una por los socialistas y tres por el Gobierno de Aznar", explican desde UGT. En total se compensan 531 edificios, valorados en 25,7 millones de euros.

Pero la ley aprobada en 1986 presentaba muchas deficiencias. "Es como si te dan un coche que sólo lo puedes conducir con el freno de mano", comparan en UGT. Sólo podían ser devueltos bienes que figuraran en un registro de incautación. Además, no contemplaba una fecha límite para reclamar expedientes.

Entre las demandas de UGT figura un edificio de la calle de Eloy Gonzalo, número 24, en Madrid. Hoy es el ambulatorio de Chamberí, que fue sede de la mutualidad médica y farmacéutica de UGT. "Era uno de los hospitales más avanzados de Europa, tenía los aparatos y el instrumental más modernos", recuerdan. Además, "coordinaba unas quince farmacias repartidas por toda la ciudad de Madrid, donde los trabajadores compraban los medicamentos con descuentos".

Otro de los inmuebles estaba situado en la calle de Carranza, 20, un histórico edificio de cinco plantas, hoy de propiedad privada, cuyas viviendas estaban alquiladas a trabajadores afiliados al sindicato, según explican desde UGT. El responsable de UGT recuerda que hace unos diez años ese inmueble se valoró en 1.000 millones de pesetas (cerca de seis millones de euros).

Una de las reclamaciones de UGT afecta a los bienes que había en el interior de la casa del Pueblo de Madrid, en la calle de Piamonte. El edificio, un antiguo palacio ducal, era la sede donde se domiciliaban casi todas las sociedades y organizaciones obreras. A partir de 1986 se compensó al sindicato por el valor del edificio. "Con aquella ley nos devolvieron los ladrillos, pero en su interior había centenares de obras de arte", denuncia Druet. Calculan que albergaba más de 30.000 libros. "Era la segunda biblioteca de Madrid, había incunables e incluso una primera edición del Capital de Karl Marx firmada por él", aseguran desde la oficina de Patrimonio.