No tregua

ETA hizo llegar ayer a diversas embajadas europeas un comunicado que no es el esperado. En realidad es un escrito destinado a decir que no hay tregua; a dar la razón a los portavoces de la ilegalizada Batasuna, que llevaban unos cuantos días diciendo que las especulaciones sobre una inminente declaración de tregua carecían de fundamento. Lo mismo que sostenía a comienzos de mes el consejero vasco de Interior, Javier Balza: que ETA no ha decidido aún dejar la violencia. Y mientras no lo decida, todo mensaje que proceda de la banda deberá ser tomado a beneficio de inventario.

Las reacciones de todos los países civilizados a los atentados del 11-S en Estados Unidos acabaron con las esperanzas que los teóricos de ETA tenían a fines de los noventa en lo que llamaban "internacionalización del conflicto", que pasaba por mediaciones de organismos internacionales y otras fantasías. Ahora, tal vez a la vista de la evolución de la situación en Irlanda, han vuelto a tantear esa posibilidad. El comunicado se dirige "a la comunidad internacional". Con la idea de que los demás países presionen a España (y a Francia) para que acepten las propuestas de ETA. La misiva revela en este aspecto escaso realismo.

El contenido es muy similar a un comunicado emitido por la banda a mediados de junio: la solución pasa por el reconocimiento de la autodeterminación de Euskal Herria (País Vasco, Navarra y País Vasco francés) y el cambio del marco político, etcétera. Con la diferencia, sin embargo, de que aquel comunicado acababa con la amenaza de volver a matar si no había respuesta a sus demandas. Ahora no hay nada de ese tenor, aunque puede deberse a que los destinatarios del mensaje son las embajadas extranjeras.

Lo más significativo del escrito es la referencia a la falta de respuesta del Gobierno español a su decisión de dejar de atentar contra "cargos públicos y responsables de los partidos políticos españoles". Parece indicar la idea de entablar una dialéctica de iniciativas a las que debería responder la otra parte. Pero hay un gran equívoco en suponer que dejar de matar a los políticos de los demás partidos es una prueba de generosidad y talante democrático que daría derecho a ETA a ser tratada como una formación respetuosa con los derechos humanos. Y que obligaría a los jueces a levantar la prohibición de Batasuna y archivar los juicios pendientes con los acusados de pertenencia a organización terrorista.

Eso no es posible; ningún gobierno democrático podría hacerlo, ni lo consentirían los de los demás países civilizados. La resolución aprobada en mayo por el Congreso de los diputados es muy clara al respecto: sólo tras una declaración firme y verificable de abandono definitivo de la violencia por parte de ETA será posible un diálogo que ayude a superar los efectos de la violencia. Seguimos donde estábamos.