Compromiso cumplido

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, no dimite. Y no dimite, porque, mal que les pese a algunos, cumple. Ha cumplido el compromiso del Gobierno regional de reducir la espera quirúrgica de los ciudadanos de Madrid hasta un máximo de 30 días. Y lo ha hecho con cinco meses de antelación y absoluta transparencia en la gestión, en la información y en la publicación de los datos. Sin manipulación posible ni necesidad de mentiras, algo que ni el grupo socialista en la Asamblea de Madrid ni la propia ministra de Sanidad y Consumo parecen alcanzar a comprender. Es más, de forma incomprensible, se muestran molestos porque la atención sanitaria prestada a los madrileños mejore e incapaces de hacer de la reducción de la espera en Madrid un referente para beneficio de todos los españoles.

No se puede operar a un paciente en un máximo de 30 días sin saber si puede ser operado

Afortunadamente, el funcionamiento del Registro Unificado de Pacientes en Lista de Espera (Ruleq), sistema único en todo el territorio nacional, no deja lugar a manipulaciones. Excluyendo, eso sí, la voluntad de hacer un uso torticero y partidista de los hechos o bien la incapacidad de entender los conceptos. El Ruleq permite hacer el seguimiento de todos y cada uno de los pacientes pendientes de ser intervenidos, sin que ningún ciudadano al que se le haya prescrito una intervención quirúrgica quede excluido de la lista de espera. Ninguno; y afirmar lo contrario es mentir.

A diferencia de otras comunidades autónomas, Madrid incluye en este registro a los pacientes en espera estructural, a los transitoriamente no programables (a la espera de la realización de preoperatorio y valoración preanestésica) y a aquellos que rechazan un centro alternativo o la fecha de operación propuesta. Cuando el médico prescribe la intervención quirúrgica, el paciente entra en el Ruleq, cumpliendo así escrupulosamente con la normativa nacional (Real Decreto 605/2003, de 23 de mayo) y regional (Decreto 62/2004, de 15 de abril).

Lo que difícilmente podría hacer el Gobierno regional es comprometerse a operar a un paciente en un plazo máximo de 30 días si no cuenta previamente con el debido proceso preoperatorio. Lógicamente, un paciente se considera transitoriamente no programable -y no figura en la lista de espera estructural- hasta que las necesarias pruebas y valoración preanestésica no se hayan realizado para determinar si puede ser operado. En resumen: no se puede operar a un paciente en un máximo de 30 días sin saber, previamente, si puede ser operado. Del mismo modo, tampoco puede ser operado en este plazo un paciente que no quiere serlo.

No hay, por tanto, contabilidad alguna que excluya a ningún sector de la población ni castigue a ningún ciudadano. A menos de poner en tela de juicio la ley, pretender engañar a los madrileños y falsear lo evidente, el Gobierno de Esperanza Aguirre cumple con su responsabilidad y su compromiso. Ningún madrileño espera más de 30 días para ser operado.

Y ha sido posible gracias a la optimización de los recursos propios, a la creación de nuevos recursos y a la eficaz implicación de los profesionales. Se ha incrementado la actividad quirúrgica en centros propios de la red asistencial pública; se han abierto nuevos quirófanos y unidades de hospitalización y se ha reforzado la actividad durante el periodo vacacional. Se ha potenciado además la colaboración con los centros sanitarios concertados, para poder ofrecer alternativas complementarias a los ciudadanos que se quieren operar.

Nada de esto tiene que ver con "desajustes" ni "sobreutilización" de recursos, sino con criterios de eficacia, eficiencia e incremento de estos recursos. Una vez más, la oposición falsea los términos. Más aún, pone en entredicho la oportunidad de los "criterios médicos para priorizar las intervenciones", cuando, precisamente, los magníficos profesionales de la sanidad madrileña son los artífices de la mejora de la calidad asistencial prestada.

De todo ello, la Comunidad de Madrid ha ido informando puntualmente a los ciudadanos, que son el objetivo del Gobierno regional, como es su obligación. Para ello, la Consejería de Sanidad y Consumo tiene en marcha una campaña de comunicación sobre el Plan Integral de Reducción de la Espera Quirúrgica, dotada con un millón de euros para este año. Dicha campaña ha dedicado el 70% de la inversión total a acciones directas de información, divulgación y atención al ciudadano, y sólo el 30% del total de la inversión a acciones en medios de comunicación masivos. En total, la campaña ha permitido atender de forma personalizada a más de 184.000 ciudadanos. Sorprende, por carente de sentido, la comparación de esta iniciativa con el plan de reducción de la espera diagnóstica, dotado con 15 millones de euros en los presupuestos de 2006, y en el que se incluye el compromiso para reducir la espera en mamografías, que ha contado, además, con una inversión de 780.000 euros este año.

Habida cuenta de todo ello, la oposición podría alejarse de un discurso burdo de críticas desplazadas, asumir, de una vez por todas, la realidad de los datos, reconocer la mejora de la calidad de la asistencia sanitaria prestada a los madrileños y agradecer a los profesionales su labor y su compromiso con los pacientes.

Antonio Beteta Barreda es portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid.