CiU duda de que sea constitucional eliminar las donaciones anónimas
La reforma de la ley de Financiación de Partidos, una iniciativa de ERC apoyada por el PSOE, sigue su tramitación en el Congreso, donde ayer se amplió una semana el plazo de presentación de enmiendas. Una de las novedades básicas de esta norma es que acaba con las donaciones anónimas, que ahora se permiten hasta un máximo de 60.000 euros anuales.
Josep Antoni Duran, portavoz de CiU y líder de Unió, uno de los partidos que más se benefician de este tipo de donaciones, aseguró que su grupo apoyará cualquier reforma consensuada entre todos, pero expresó sus "dudas" de que sea constitucional eliminar las donaciones anónimas. Duran plantea que habrá que reflexionar sobre el derecho que tiene cualquier ciudadano a dar dinero a un partido, o a una ONG, o a una causa concreta, sin que eso sea público. "No es un problema del derecho de los partidos a recibir donaciones anónimas, sino de los ciudadanos que quieren hacerlas", explicó.
En cualquier caso, Duran asegura que si se anula este tipo de donaciones -la propuesta de ERC sólo permite aportaciones nominativas y de personas físicas hasta 30.000 euros anuales-, habrá que aumentar de manera notable el dinero que el Estado dedica a los partidos. También reclamó que se suba el sueldo a los diputados, ya que éste se sitúa entre los más bajos de la UE.
José Blanco, secretario de organización del PSOE, explicó que una de las soluciones podría consistir en pedir a los partidos que gasten menos, sobre todo en las campañas electorales. En vez de poner tantos carteles, razonó, que son muy caros y tienen poca influencia real en el elector, se podrían multiplicar los debates en televisión y radio entre los candidatos, que aclaran más las cosas para el ciudadano. Blanco aseguró que la nueva ley aumentará la "transparencia" en la financiación, que habrá que extender "también a las fundaciones que dependen de los partidos políticos".
Eduardo Zaplana, portavoz del PP, se quejó de que el PSOE esté hablando por un lado de acelerar la reforma de la financiación mientras por el otro promueve la quinta ampliación del plazo de enmiendas, que se decidió ayer.
