Un informe destapa anomalías en los donativos a partidos

El informe del Tribunal de Cuentas del año 2002 sobre la contabilidad de los partidos políticos apunta varias irregularidades sobre los 9,6 millones de euros que recibieron en donaciones privadas, tanto nominativas (de personas físicas o jurídicas) como anónimas. Se observa falta del refrendo del órgano empresarial competente para concederlas (en los casos del PP y Convergencia Democrática de Cataluña), imposibilidad de vigilar que las aportaciones anónimas no superen los topes establecidos, o incorrecta imputación como donativo de fondos públicos, caso del PSOE.

El resumen que hace el Tribunal de Cuentas refleja lo siguiente: "Las aportaciones nominativas han respetado con carácter general las previsiones establecidas en la ley orgánica 3/1987, excepto en las formaciones PP y Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), en las que no consta, como se prevé en el artículo 5.2 de esa misma ley, el acuerdo adoptado por el órgano social competente para las aportaciones procedentes de personas jurídicas, por un total de 64.442 y 21.000 euros, respectivamente".

En cuanto a las aportaciones anónimas, cuyo total ascendió a 8,8 millones, el informe lamenta la imposibilidad de una correcta fiscalización: "Dada su naturaleza, no se ha podido comprobar el límite legal establecido para las aportaciones procedentes de una misma persona [60.240 euros al año]". Por el contrario, sí ha verificado que en todos los casos la cuantía total recibida por cada uno de los partidos no sobrepasó el límite del 5% de la cantidad asignada en los Presupuestos Generales del Estado para atender la subvención pública prevista en la ley de Financiación de Partidos de 1987. El informe no halla anomalías en los donativos privados del BNG, Chunta Aragonesistas, Coalición Canaria, CiU, EA, Iniciativa per Catalunya, Partido Andalucista, PCE, Unió Democràtica de Catalunya o UPN.

Convergència y Esquerra

Sin embargo, en el caso de Convergència Democràtica de Catalunya, denuncia que se registra un donativo de 21.000 euros de una sociedad "sin que conste la existencia" del acuerdo de su órgano de administración. Y Esquerra Republicana de Catalunya registra incorrectamente como donativos los fondos provenientes de la venta de la revista del partido por 2.653 euros.

En el caso de IU, se recogen indebidamente como donativos particulares unos ingresos de 73.516 euros procedentes de aportaciones de sus grupos municipales. El Tribunal de Cuentas señala que esa suma debería recogerse en rúbricas más acordes a su naturaleza. En el caso del PNV, el Tribunal de Cuentas se queja de que no ha podido verificar si cumplió el límite legal individual de aportación anónima, cuya suma ascendió a 1,4 millones de euros.

El PP, que recibió más de tres millones de euros en donativos privados (de ellos 2,7 anónimos), presenta dos deficiencias en este apartado de ingresos. La primera afecta a las donaciones de cinco sociedades por un importe de 62.442 euros, en las que no consta el acuerdo del consejo de administración correspondiente. En segundo lugar, tampoco se ha podido comprobar el cumplimiento del límite legal individual para las donaciones anónimas.

Aportaciones al PSOE

El PSOE registra en aportaciones privadas un total de 640.081 euros. El Tribunal de Cuentas le imputa la siguiente anomalía. Del total recibido, 138.401 euros fueron aportados "por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y contabilizados en las sede regional de Andalucía". La auditoría sostiene que estas donaciones "no están incluidas dentro de los recursos públicos previstos en el artículo 2 de la ley orgánica 3/1987 de los Partidos Políticos". Además, el tribunal explica que tampoco ha podido comprobar el cumplimiento de los límites individuales de donaciones anónimas en el caso de 146.810 euros.

Sobre el PSC, extiende la crítica de que no pudo comprobar el cumplimiento del límite legal individual de sus donaciones anónimas (84.681 euros).

El tribunal, en cambio, no analiza la relación existente entre donante y receptor para buscar posibles contraprestaciones. Así, se da el caso de que el PP recibió donaciones de empresas a las que el Gobierno central, entonces en sus manos, dio subvenciones o a las que el partido facturó servicios electorales. Una de las empresas que donaron irregularmente dinero al PP es Tudela Veguin, que le aportó 36.000 euros el 3 de julio de 2002.

Esta empresa, cabecera de un grupo cementero y minero asturiano, había sido beneficiada por dos subvenciones por parte del Gobierno de Aznar. La primera se registró en diciembre de 1998 y ascendió a un máximo de 4,7 millones de euros, condicionada al cumplimiento de una serie de objetivos. El plazo para cumplir los objetivos marcados por el organismo otorgante, Ministerio de Economía y Hacienda, se amplió hasta el 1 de enero de 2002. Asimismo, con fecha 9 de mayo de 2000, le fue concedida una subvención de capital por el Instituto del Carbón, dependiente del Ministerio de Economía, por 1,05 millones de euros.

Por su parte, la sociedad Back RVS, que donó al PP 1.442 euros en 2002, figura como uno de los proveedores electorales del partido que incumplieron su deber de informar a la Cámara de Cuentas de Madrid tras facturarle 15.870 euros en las elecciones autonómicas madrileñas del 26 de octubre de 2003.