El PP mantiene bloqueadas 400 viviendas protegidas en Rabassa desde hace 9 años

Vecinos del barrio alicantino de Rabassa denunciaron ayer que la Administración del PP mantiene bloqueada la segunda fase de un plan de promoción pública de viviendas protegidas desde hace nueve años. Los vecinos, que el sábado se reúnen en asamblea para intentar desbloquear la urbanización de la zona, consideran que el "furor" del consejero Rafael Blasco y del alcalde Luis Díaz Alperi por construir viviendas protegidas en la zona, con la adjudicación de 15.000 casas al promotor Enrique Ortiz, 9.000 de ellas sociales, contrasta con la pasividad del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) por urbanizar la segunda fase del PERI (Plan Especial de Reforma Interior) de Rabassa.

"No entendemos el furor de Blasco y Alperi por las VPO de Enrique Ortiz"

La primera fase de este PERI la promovió el gobierno del socialista Joan Lerma y la inauguró el ex consejero del PP Luis Fernando Cartagena. Ayer, vecinos de Rabassa acudieron al pleno municipal porque el gobierno local tenía previsto aprobar inicialmente el proyecto de urbanización. Pero el asunto no se incluyó en el orden del día.

Los vecinos no entienden que el plan adjudicado a Ortiz pueda iniciarse sin antes urbanizar el barrio consolidado de Rabassa. Las cooperativas para la construcción de las 400 viviendas protegidas están constituidas por CC OO, a través de Vitra y UGT (Lagos de Rabassa), con un listado de 745 solicitudes de vivienda.

Según el gerente del IVSA, Jose Domenech, la tramitación del Peri de Rabassa se está terminando y "nada tienen que ver con las noticias de otro plan de Rabassa, en nada afecta al ámbito de la zona del PERI". El presidente de la asociación vecinal de este barrio, Antonio Balibrea, tiene otra opinión al respecto y se pregunta cómo hay tantas prisas para sacar adelante las viviendas de Ortiz y tanta pasividad en la tramitación del PERI. "¿Si tanta falta hacen en Alicante las casas protegidas por qué tantos años sin adjudicar el suelo para las 400 casas programadas en la zona?", se preguntó Balibrea.

Por otro lado, el pleno municipal aprobó una iniciativa del grupo socialista, en la oposición, para la creación de un consejo municipal de las personas mayores. Representantes de las federaciones de pensionistas de UGT y CC OO exigieron durante la sesión plenaria "una mayor atención hacia un colectivo de 51.000 personas" en la ciudad. La propuesta fue aprobada entre los aplausos de una veintena de delegados de asociaciones y colectivos de la Tercera Edad. Antes de la intervención de la edil socialista Pilar Pérez Cuenca, como ponente de la propuesta, los representantes de las federaciones de pensionistas de UGT y CC OO, Manuela Pérez y Eusebio Morales, respectivamente, defendieron ante el pleno la necesidad de crear el citado consejo y expusieron las deficiencias en la atención social y sanitaria que presenta este colectivo.

El pleno retiró, a petición del Grupo Municipal Socialista una moción del gobierno local, la moción que instaba al Gobierno a transferir 100 euros al año por cada ciudadano inmigrante residente en la ciudad. El alcalde, Luis Díaz Alperi, expresó su "acuerdo" con que la inmigración "no sea un elemento de enfrentamiento político".