Lleida apuntalará y vallará un edificio en ruinas desalojado

El Ayuntamiento de Lleida no derribará, por razones de seguridad, el inmueble situado en el número 32 de la calle de Companya, que ordenó desalojar el lunes después de que los técnicos municipales detectaran, en una revisión solicitada por los propios vecinos, graves deficiencias estructurales. A pesar de haberse declarado el estado de ruina de la casa, se ha preferido no derribarla de forma inmediata para evitar el efecto dominó, que podría provocar el derrumbamiento de los edificios adyacentes.

El edificio, en el que oficialmente vivían 25 personas en régimen de alquiler, está justo enfrente del inmueble de cinco plantas que el sábado por la tarde se desplomó parcialmente sin causar víctimas en el número 60 de la calle de Cavallers, en pleno centro histórico de la ciudad.

El Ayuntamiento instará a la inmobiliaria que compró el inmueble hace un mes a reforzar su estructura de manera urgente y, posteriormente, a elaborar un proyecto técnico para proceder a su derribo. De momento, el inmueble será vallado y apuntalado para garantizar la seguridad de los vecinos y viandantes.

Fuentes municipales informaron ayer de que hasta el momento nadie había solicitado una revisión del edificio del número 32 de la calle de Companya y, por tanto, no existía ningún informe ni expediente abierto sobre su estado de deterioro. En este caso, se ha descartado que las deficiencias observadas estén relacionadas con el siniestro ocurrido el sábado.

El consistorio ha realojado en un hotel a las 25 personas afectadas, pero ha anunciado que a partir del viernes deberá ser la empresa propietaria de los pisos la que se encargue de resolver su situación y de proporcionarles otra vivienda de alquiler en condiciones económicas similares a las de la que tenían. Ayer la inmobiliaria aún no se había puesto en contacto con los inquilinos desalojados, la mayoría inmigrantes.

El alcalde de Lleida, el socialista Àngel Ros, anunció ayer que a raíz de este hecho propondrá la modificación de las ordenanzas municipales con el fin de garantizar que los derribos de edificios en el centro histórico de la ciudad se realicen con todas las garantías y con las medidas de seguridad imprescindibles para evitar incidentes como el ocurrido el sábado en la calle de Cavallers. Ros señaló que se reforzarán las inspecciones técnicas en la zona, se será más estricto con las licencias de derribo y se reducirán los plazos de ejecución de las obras previstas. "Hemos cogido el toro por los cuernos y eso quiere decir que actuaremos con disciplina y contundencia, y aplicando con rigor la ley para proteger a los vecinos", añadió el alcalde.

Ros se mostró especialmente dolido por la postura del jefe de la oposición municipal y presidente de la Diputación, Isidre Gavín, de CiU, por haber reclamado que se depuren responsabilidades políticas en el equipo de gobierno por "negligencia e irresponsabilidad".

Marta Camps, concejal de Urbanismo, explicó que, a raíz de las revisiones realizadas el lunes por cuatro arquitectos municipales en los nueve inmuebles que fueron desalojados, se han dictado ocho órdenes de ejecución por las deficiencias detectadas, la mayoría de ellas de carácter leve, que deberán ser reparadas lo más rápidamente que sea posible. Camps señaló que algunas de las viviendas no reunían las condiciones mínimas de habitabilidad y que el consistorio instará una inspección de la Generalitat.