Azkarraga acusa al Gobierno de "falta de lealtad" por su plan penitenciario
El consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, estaba contrariado con el Gobierno central a cuenta de su plan de insfraestructuras penitenciarias y no fingió lo contrario. "Supone una auténtica falta de lealtad el ocultamiento" de las actuaciones que prevé "acometer en el País Vasco", dijo. Con esa actitud "no sólo incumple la ley de negar la transferencia" lo que hace también "es burlarse de esta administración al ignorarla" y tomar unilateralmente decisiones que van a "hipotecar" a futuro el sistema penitenciario vasco.
El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó el viernes un plan de inversiones de 1.647 millones de euros para construir 46 nuevas infraestructuras carcelarias con el fin de paliar el problema de masificación. Cinco de ellas, se levantarán en Euskadi: una cárcel en el alto donostiarra de Zubieta que sustituirá a la de Martutene y la otra en Álava, además de tres centros de internamiento.
Pero estos planes no satisfacen al consejero. "Nada hacemos con nuevas prisiones, sobre todo con macroprisiones, si lo que queremos es plantear una labor penitenciaria basada en la reinserción", subrayó. El Ejecutivo de Zapatero, denunció, no plantea una red de recursos para las medidas alternativas a la prisión y en el caso de Euskadi no ofrece soluciones para atender ni a las reclusas que dan a luz en los centros ni a los enfermos mentales.
"Es un modelo caduco y falto de eficacia que convierte las cárceles en almacenes donde se almacena a los presos sin ninguna posibilidad de reinserción y donde la dignidad de las personas está siendo constantemente pisoteada", dijo. Los 37 suicidios registrados este año en las cárceles españolas no han ocurrido, en su opinión, "por casualidad".
El Gobierno vasco tiene ya diseñado un modelo de sistema penitenciario que "en absoluto coincide" con el del Ejecutivo central. Por eso Azkarraga pidió por enésima vez la transferencia de esta competencia que ya tiene Cataluña desde hace años y que a Euskadi se le niega "por intereses partidistas" amparándose en el terrorismo.
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