La Generalitat ha pagado 5,3 millones para alojar en hoteles a vecinos del Carmel

El Departamento de Bienestar y Familia de la Generalitat ha pagado ya, en concepto de indemnización, a los afectados por el socavón del Carmel 17,3 millones de euros, a los que se suman otros 3,3 millones para dietas y 648.000 euros en calidad de anticipos. Estas cantidades no incluyen las dietas ni las estancias de vecinos afectados en 10 hoteles de la ciudad, que han costado a la Administración catalana 5,3 millones de euros.

Esta cantidad aumentará porque 163 personas todavía siguen alojadas en algún establecimiento hotelero y otras 19 se encuentran en aparthoteles. Se trata de vecinos de la denominada zona amarilla, cuyas viviendas precisan trabajos de recimentación para que puedan volver a ser habitables.

Este proceso no ha estado libre de picaresca. Hasta 37 personas han intentado sacar tajada del dolor que han sufrido más de 1.200 vecinos del Carmel por los hundimientos causados por las obras del metro. Bienestar y Familia, que tramita las ayudas a los afectados por el socavón, ha detectado falsificación de datos en peticiones de indemnización presentadas por personas que ni siquiera vivían en el barrio y que han utilizado rocambolescas estrategias para sumarse a la lista de los damnificados. Veinte personas que habían empezado ya a cobrar de la Generalitat deberán retornar el dinero. Las ayudas concedidas a personas que han presentado datos falsos suman 35.590 euros.

Determinar quién tiene derecho a compensaciones económicas y quién no, ha sido una tarea ardua para la Generalitat, según reconoce el secretario general del Departamento de Bienestar y Familia, Antoni Segarra. La mayoría de las peticiones de indemnización no dejaban lugar a dudas, especialmente las que procedían de los vecinos de la zona cero, la más afectada por el hundimiento. Pero en varios casos la documentación que aportaban los vecinos para acreditar su condición de afectados no era suficiente o generaba sospechas de falsificación. El cruce de datos entre las distintas administraciones y las investigaciones realizadas in situ ha permitido comprobar que 1.276 personas (13 de las cuales han fallecido a lo largo de estos meses) tienen realmente derecho a ser compensadas.

37 expulsados

Otras 37 personas que se apuntaron al censo de afectados han sido expulsadas de éste, una vez que la Generalitat ha comprobado que en realidad no residían en la zona, que la vivienda en la que aseguraban que habitaban no era más que un solar vacío o que su casa estaba fuera del perímetro afectado. De estas 37 personas, 20 habían empezado ya a cobrar las ayudas, especialmente en concepto de dietas (que se pagaron desde el primer día) y la Generalitat les ha reclamado el retorno del dinero, que suma 35.590 euros.

Los datos de Bienestar y Familia señalan que en concepto de indemnización se han pagado ya 17,3 millones de euros, a los que se suman otros 3,3 millones para dietas y 648.000 euros en calidad de anticipos.Estas cantidades no incluyen las dietas ni las estancias de vecinos afectados en 10 hoteles de la ciudad, que han costado a la Administración catalana 5,3 millones de euros, una cantidad que aumentará porque 163 personas todavía siguen alojadas en algún establecimiento hotelero y otras 19 en un aparthotel. Se trata de vecinos de la denominada zona amarilla, cuyas viviendas precisan trabajos de recimentación para que puedan volver a ser habitables.

En el caso de los comercios o de otras actividades económicas, la Generalitat decidió compensar no sólo a los que tuvieron que cerrar tras el derrumbe, sino también a los que permanecieron abiertos pero vieron cómo bajaban sus ventas por el hecho de que el barrio había perdido súbitamente cerca de 1.300 habitantes. Un total de 229 establecimientos, con 576 trabajadores, se han considerado desde la Generalitat con derecho a recibir ayudas, mientras que otros 43 locales han sido excluidos de la lista porque estaban fuera del perímetro afectado o bien porque se ha comprobado que en realidad no se ejercían allí ninguna actividad económica.

Caso por caso

Hasta el momento, según el Departamento de Bienestar, los comercios afectados han recibido 2,6 millones de euros en concepto de anticipos. "El procedimiento de evaluación de las pérdidas o de la suma que han dejado de ingresar los negocios afectados es largo porque se estudia caso por caso", señala el secretario general de Bienestar y Familia. Una vez finalizada la evaluación, los propietarios de los locales recibirán la diferencia respecto a la cantidad anticipada.

Entre las ayudas tramitadas por el Departamento de Bienestar y Familia no se contabiliza la adjudicación de viviendas nuevas a los vecinos que la perdieron o las obras de cimentación o de reparación de daños en las que resultaron afectadas. Las 94 personas cuyas viviendas fueron derribadas y lo perdieron todo no sólo han recibido ya todas las ayudas económicas (70.000 euros por familia, más 10.000 euros por persona a partir del segundo miembro familiar y 30.000 euros por daño moral), sino que han obtenido un piso de protección oficial que el Gobierno catalán desclasificará para que puedan ser vendidos en el mercado libre. Otros 340 vecinos afectados se han realojado en pisos de alquiler cuyo coste mensual la Generalitat ayuda a sufragar con 700 euros, más otros 200 euros para manutención de los inquilinos. Un total de 10 vecinos de edad avanzada optaron por alojarse en una residencia de ancianos.

La Generalitat no se atreve a fijar una fecha para el regreso al Carmel del medio millar de vecinos que, 10 meses después del socavón, aún aguardan la vuelta a casa en hoteles, en pisos de alquiler o en viviendas de familiares. Antoni Segarra asegura que, a pesar de la magnitud del accidente del Carmel y del "ruido político" que ha suscitado, los vecinos afectados han podido recibir la atención que necesitaban y ver compensados, al menos económicamente, los daños sufridos.