Un código ético contra la relación con adjudicatarias

"Los concejales de la corporación se abstendrán, una vez finalizado su mandato, de desempeñar responsabilidades remuneradas en aquellas empresas con la que hubieren contratado durante su mandato o con aquellas pertenecientes al mismo grupo de empresas. También se abstendrán de emplear en beneficio propio las relaciones y las informaciones a que hubieren tenido acceso por razón de su cargo". El último punto del borrador del Código de Buen Gobierno del Ayuntamiento de Castellón, que aún están negociando los grupos municipales del PP, PSPV y Bloc, prohibiría al ex alcalde de la capital de La Plana, José Luis Gimeno, la creación de una mercantil como la que ha formado con uno de los miembros de las empresas matrices del Grupo Gimeno, al que el propio ex alcalde adjudicó obras y servicios durante su mandato.

La idea de crear un código ético para el Ayuntamiento de Castellón fue planteada por el portavoz del grupo municipal socialista, Ignacio Subías, el pasado mes de julio. El borrador, presentado a través de una moción, incluye claras alusiones al llamado caso Fabra, por el que el presidente provincial del PP de Castellón, presidente de la Diputación y concejal de la capital de La Plana, Carlos Fabra, está siendo investigado ante la posible comisión de uno o varios delitos contra la administración pública y por un presunto delito fiscal.

El PP no aceptó la moción socialista pero sí apoyó un dictamen para la creación de una comisión que elabore el código del buen gobierno del Consistorio municipal, con el fin de pactar un texto que pueda aprobarse por unanimidad. El dictamen justificaba la creación de esta comisión para la elaboración de un código "entendiendo que redunda en beneficio de la imagen que los ciudadanos perciben de los gestores del gobierno".

El documento presentado por Subías señalaba también la necesidad de que el desempeño de los altos cargos conlleve la "plena dedicación" y que los miembros de la corporación "se someterán a las mismas condiciones y exigencia previstas para el resto de los ciudadanos en operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos que realicen". Ignacio Subías justificó la necesidad de su aprobación significando que "la actuación de los políticos en las instituciones debe someterse en todo momento a un conjunto de principios éticos que salvaguarden rigurosamente los legítimos derechos de los ciudadanos, que revistan de dignidad a la gestión pública y que garanticen el uso adecuado de los recursos y las prerrogativas de que disponen en tanto que representantes políticos para el desempeño de sus funciones". Además, el portavoz del grupo municipal socialista alegó que "la ética pública constituye una preocupación unánimemente compartida por todas las democracias avanzadas" pero, de momento, el código del buen gobierno del Ayuntamiento de Castellón no se ha aprobado.