Poder sin límites para torturar

El 18 de enero de 2002, George W. Bush tomó una decisión que prepararía el camino hacia la tortura: cualquier talibán o miembro de Al Qaeda capturado no estaría protegido por la Tercera Convención de Ginebra de 1949 sobre prisioneros de guerra. La decisión venía precedida por un memorándum del 9 de enero de ese mismo año de la oficina de Consejos Legales del Departamento de Justicia, escrito por John Yoo, asistente del entonces fiscal general John Ashcroft.

El memorándum de Yoo sentaba las bases para ignorar la Convención de Ginebra, que prohíbe explícitamente cualquier forma de tortura o malos tratos a los prisioneros de guerra, y da las consignas para el desarrollo de los interrogatorios. Según la doctrina de Bush, los detenidos no serían "prisioneros" sino "combatientes ilegales", lo que les desterraba a un limbo legal cuya traducción inmediata es que carecían de derechos.

La Casa Blanca y el Pentágono han justificado la definición de "combatientes ilegales", afirmando que los sospechosos de terrorismo no pertenecen a un ejército ni responden a una cadena de mando militar, y por ello no les es aplicable la Convención de Ginebra.

El 19 de enero, Donald Rumsfeld, secretario de Defensa, hace saber a los generales del Ejército de EE UU que "los miembros de Al Qaeda o los talibanes quedan fuera del estatus de prisioneros" definido en Ginebra. Poco después, el 25 de febrero, el entonces asesor jurídico de la Casa Blanca y hoy fiscal general, Alberto Gonzales, escribía en otro memorándum: "[....] La guerra contra el terrorismo es un nuevo tipo de guerra en la que se valora de manera extraordinaria factores como la capacidad de conseguir rápidamente información de los terroristas detenidos y de sus patrocinadores para evitar nuevas atrocidades contra ciudadanos estadounidenses".

Bush tenía tras los ataques del 11-S "completa autoridad en la dirección de la guerra". Gonzales escribió en su conclusión final: "A mi juicio, este nuevo paradigma convierte en obsoletas las estrictas limitaciones de Ginebra sobre los interrogatorios a los prisioneros enemigos y convierte en marginales algunas de sus disposiciones".

Gonzales también defendió entonces la interpretación más dura de las normas antiterroristas de negar el acceso a abogados defensores o a los tribunales de los detenidos acusados de terrorismo, una política rechazada por el Supremo.

El 1 de agosto de 2002, otro informe del Departamento de Justicia aseguraba que torturar a detenidos de Al Qaeda en el extranjero "podría estar justificado", y que las leyes internacionales contra la tortura "podrían ser inconstitucionales si se aplicaban en interrogatorios" contra supuestos terroristas. El documento daba a la CIA directrices legales para desarrollar técnicas de interrogatorio "más agresivas". El memorándum de agosto se redactó porque la CIA reclamaba respuestas sobre qué hacer con los detenidos tras el 11-S.

En siete meses de 2002 -entre enero y agosto- se elaboró la justificación que permitió ignorar las leyes de EE UU contra la tortura y sus compromisos internacionales. Y en septiembre, el antiguo jefe antiterrorista de la CIA, Cofer Black, testificaba ante el Congreso: "Hay un antes y un después del 11-S. Tras el 11-S nos quitamos los guantes". EE UU ha inaugurado lo que denomina "tortura de baja intensidad". Se permite cubrir la cabeza a un detenido hasta que pierda el sentido de la orientación. Pero no se le puede amenazar de muerte o con la de sus seres queridos. Se puede jugar al policía bueno y al policía malo. Pero no se puede cubrir al detenido con una toalla mojada hasta crear la sensación de que se está asfixiando.