Stop a la precariedad

Los niveles de precariedad alcanzados son insoportables. El empleo temporal frena el consumo interno, conlleva ausencia de formación de los trabajadores, afectando a la productividad, y constituye la principal causa de siniestralidad laboral. Por eso, la sobreutilización del contrato eventual revela una clase empresarial primaria que, además, incumple normas y convenios. Más de un tercio de los contrato se firman en fraude de ley, porque se renuevan superando los topes legales y dan lugar a altos niveles de rotación con cambios de contrato y puestos. El fraude supone pérdida de derechos laborales y afecta a la antigüedad, al no computarse en los contratos encadenados; a la participación en elecciones sindicales, o a la promoción interna. Es un fraude que alcanza también a la contratación indefinida vía subvenciones o desgravaciones a la Seguridad Social.

Tomar medidas contra la temporalidad exige modificar la legislación volviendo al contrato fijo como obligatorio

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) la tasa de temporalidad en nuestro país es la más alta de Europa, el 34,39%, con un espectacular incremento desde finales de 2004 (31,2%). Aunque aportamos el 7% de la ocupación total de la zona euro, concentramos nada menos que el 26% de los trabajadores eventuales del espacio europeo y el 20% de los accidentes laborales.

Este paisaje responde a decisiones políticas concretas. Hasta 1984 el contrato fijo era la norma y el contrato temporal requería una causa objetiva y era excepcional. Ese mismo año el Gobierno dictó una ley que liberalizó la temporalidad, sin causa objetiva y en cualquier tipo de actividad. Diez años después, se adoptan tres importantes medidas: legalizar las ETT que realizan contratos precarios pero no se consideran temporales; considerar que el despido de hasta un 10% de la plantilla, en tres meses, no es despido colectivo y por lo tanto no necesita autorización administrativa, y ampliar las causas para un despido barato en base a razones económicas, organizativas o de la producción.

Fueron medidas que en lugar de reducir la temporalidad la aumentaron al facilitar la sustitución de empleo fijo por empleo precario. El nuevo contrato indefinido con una menor indemnización por despido, pactado por sindicatos y patronal en 1997, no impidió que siguiera aumentando la eventualidad, especialmente entre los jóvenes; un 71% de ellos tiene contratos temporales, frente al 36,6% de la media europea.

Las consecuencias son graves: proyectos de vida a corto plazo, dificultad de acceso a una vivienda cuyo precio ha subido 14 veces más que los salarios en los últimos siete años, emancipación de los jóvenes más tardía, escasa relación estudios-ocupación, menos natalidad, subempleo y roces con la exclusión y la pobreza. Los jóvenes menores de 35 años cobran sólo un 65% del salario medio y las mujeres e inmigrantes aún mucho menos. En Euskadi, el 43% de los jóvenes ingresa menos de 600 euros al mes, de forma que hay que tener dos sueldos y dedicar mas del 50% de los ingresos para pagar un piso durante 25 años. Por eso los jóvenes son los principales perceptores de las ayudas de emergencia social y sólo el 13% de los menores de 30 años está emancipado. Aspectos como la clasificación profesional, la promoción, los ascensos, incluso la limitación de la jornada o la voluntariedad de las horas extras, recogidas en el Estatuto de los Trabajadores, dejan de tener sentido.

La impotencia de verse con treinta años en casa de los padres o la frustración de no tener un trabajo digno potencian el tiempo evasivo y aumentan el consumo de alcohol y otras drogas durante los fines de semana. La participación política, social y sindical se debilita, porque el cambio de las condiciones de vida aparece lejano y, al potenciarse la competitividad y el individualismo, se genera más agresividad. La inseguridad en el futuro conlleva inestabilidad afectiva.

La precariedad es un cáncer que corroe el tejido social y requiere una terapia agresiva y radical. Las últimas reformas laborales han fracasado en el objetivo de reducir la temporalidad y las actuales propuestas del Gobierno van en la misma dirección; ampliar el abaratamiento del despido, habilitar a las subcontratas para realizar contratos indefinidos, cuando pueden rescindirlos por cese de actividad con la empresa principal, o potenciar el papel de las ETT.

Tomar medidas efectivas contra la temporalidad exige modificar la legislación volviendo a establecer el contrato fijo como obligatorio, un periodo de prueba mínimo y necesario, prohibición de la subcontratación en cadena y asunción por el Inem de las funciones de las ETT. El contrato temporal debe ser excepcional, se debe exigir una causa objetiva para realizarlo, y se deben habilitar los medios para hacer cumplir la normativa laboral en las empresas.

Los sindicatos necesitan de la juventud para renovarse y dinamizar sus estructuras y actividad sindical, un objetivo posible si los jóvenes sienten que se están representando sus intereses y sus inquietudes. Para ello, y en primer lugar, se deben denunciar los pactos de empresa en los que bajo diversos eufemismos como "salario de ingreso", "remuneración de entrada", "complementos personales", y otras argucias, se está discriminando a los jóvenes que no tienen poder de negociación y están en clara desventaja respecto del resto de la plantilla. La lucha contra la discriminación es la primera condición para ganar su confianza. Es necesaria, además, la máxima unidad en la acción de todas las organizaciones sindicales para frenar el actual proceso de deterioro de las condiciones de trabajo. Decía alguien que la esperanza tiene dos hijos maravillosos; la ira ante las situaciones injustas y el valor de luchar para cambiarlas. Hacen falta, además, ideas socialistas y organizaciones sindicales fuertes para construir un mundo en el que conceptos como solidaridad, igualdad, justicia y libertad sean algo más que palabras.

José Arturo Val del Olmo es abogado y sindicalista.