La Iglesia como poder
La Iglesia en santa alianza con el PP o viceversa está echando un pulso al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, al que consideran bajo mínimos, que presenta diferentes manifestaciones: en las ondas hercianas, en la calle, en la enseñanza concertada, en la financiación a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y en otras áreas. Ignoramos mientras tanto de qué habló la vicepresidenta Mª Teresa Fernández de la Vega en su visita relámpago al cardenal secretario de Estado, Angelo Sodano, y qué tuvo, a su vez, que escuchar del purpurado.
Estábamos prevenidos por Blanco White, según escribía en el número XXV de El Español a la altura del 30 de mayo de 1812, sobre el sello de intolerancia religiosa con que estaba ennegrecida la primera página de una Constitución, la entonces naciente en Cádiz, que quería defender los derechos de los hombres. Decía nuestro autor con la firma de Juansintierra que las Cortes convertidas en concilio, no sólo declaraban cuál era la Religión de España, a lo cual tenían derecho incontestable, sino que condenaban todas las otras, cosa en la que no tenía que ver un cuerpo político. Decía nuestro autor que el artículo 12 de aquella Constitución era una nube que oscurecía la aurora de libertad que amanecía en España.
Porque a tenor de su texto "la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera", afirmación a la que añadía otra según la cual "la nación la protege por leyes sabias y justas... y prohíbe el ejercicio de cualquier otra". Lamentaba que la ley entrara a declarar más allá de sus competencias "la verdad o falsedad de una Religión" y se preguntaba si esa protección y esas prohibiciones son las que condenaban al hereje a ser quemado y también si las Cortes españolas se atribuían infalibilidad en la formación de las leyes que aún no existían. O sea, que la cuestión religiosa seguía pendiente en el siglo XIX, todavía después de que las Cortes de Cádiz abolieran por primera vez la Inquisición.
Ese tribunal del Santo Oficio seguiría diversas alternativas que lo recuperaron una y otra vez, según narra con precisión el profesor José Antonio Escudero en sus Estudios sobre la Inquisición compilados en un reciente volumen de la editorial Marcial Pons. De modo que sólo fue definitivamente suprimida mediante el decreto de 15 de julio de 1834, firmado por la regente María Cristina en nombre de su hija Isabel II. Antes, el duque de Angulema al frente de los Cien Mil Hijos de San Luis se vio desconcertado por los gritos ¡Rey absoluto e Inquisición!, ¡Mueran los 'negros'!, epíteto con el que apodaban a los liberales.
Habrá que volver sobre la actitud de la II República ante la cuestión religiosa, tal como se plantea en la Constitución de 1931, y sobre las consecuencias que arrastró al merecer la hostilidad de la Iglesia en su versión de poder terrenal. Terminada la experiencia en forma de guerra civil, luego tuvimos cuarenta años de nacional catolicismo, plasmado en la fórmula de los Principios Fundamentales del Movimiento, promulgados el 17 de mayo de 1958. A tenor de ellos, la Nación española consideraba "como timbre de honor el acatamiento a la Ley de Dios, según la doctrina de la santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única verdadera y Fe inseparable de la conciencia nacional que inspirará su legislación".
Pero veamos también cómo, el 30 de junio de 1939, Yanguas, embajador de Franco, señalaba al cardenal secretario de Estado, Maglione, tan interesado por la retención de los haberes de culto y clero, que esos fondos podrían entregarse sin aguardar al término de la negociación interesada del Concordato. Otra cosa era su advertencia de que si la Santa Sede no se avenía al restablecimiento del texto de 1851, al mismo tiempo de ingresar esos haberes el generalísimo tenía decidido "llamar a su embajador en el Vaticano y entregar el pasaporte al Nuncio, sin perjuicio de la sumisión espiritual a la Sede Apostólica". Y ello porque "las relaciones diplomáticas se basan sobre su estatuto jurídico" y, como para el Estado español el Concordato citado estaba vigente, "la Santa Sede al no reconocerlo se colocaba fuera de la normalidad diplomática". Así que del adversario, el ejemplo. Esta vez, en defensa de la dignidad del Estado.
