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COLUMNA

Tirar la piedra

Y esconder la mano. La piedra la ha tirado la consejera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, pero, ¿qué otra u otras manos se esconden tras ese impulso? Para sustraerse a cualquier posible dejación de sus responsabilidades, el presidente Francisco Camps se ha apresurado a tomar el ya más que mezquino instrumento de la consigna de su formación política: descalificar al adversario y cargarle el muerto, o sea, las corrupciones mayoritariamente inmobiliarias, que se suceden. El cronista considera que el presidente ha perdido nervios y compostura cuando, en Alicante, instó a quienes tuvieran conocimiento de algún caso de corrupción, a que corrieran "al juzgado de guardia y lo denunciaran, porque si lo conocen y no lo denuncian, lo están ocultando y también eso es un delito tipificado". Y lleva razón, aunque, mucho cuidado, porque es una razón de doble filo, y quién sabe qué y por dónde puede cortar. Lo que tal vez olvida el presidente son algunos asuntos muy sórdidos, sonados y actuales: que hay antecedentes clamorosos, como el caso del ex consejero popular Luis Fernando Cartagena; que Carlos Fabra, presidente popular de la Diputación de Castellón, ha sido ya imputado, tres veces, por presuntos delitos de fraude fiscal, tráfico de influencias y falsedad; que la Fiscalía Anticorrupción investiga a los alcaldes también populares de Orihuela y Torrevieja. El presidente, como cualquier ciudadano que es, debe observar la presunción de inocencia, pero también debe permanecer muy atento a ciertos indicios y recelos, que no quiere ver y aún menos esclarecer-los trapos sucios se lavan en casa-, aunque solo sea por encalmar las inquietudes y sofocos de votantes y hasta de correligionarios. Precisamente, una correligionaria ha sido la que ha tirado la piedra y la piedra está en el tejado de su propio partido: no la tiró contra la oposición, sino contra ciertos dirigentes del PPCV que, con demasiada frecuencia, se ponen ellos solitos bajo sospecha. En declaraciones públicas, a través de un medio televisivo, Alicia de Miguel no tuvo pelos en la lengua, y manifestó que había que atajar ciertas cuestiones y, para ello, era preciso tomar medidas desagradables. No fue más explícita, no se refirió a ningún caso concreto, pero tampoco era necesario: consiguió que se dispararan todas las alarmas y algunos sofocos en el Consell. Además de la suya, que no ocultó, ¿qué otra u otras manos se esconden tras ese impulso? ¿manos de la facción zaplanista, que merodean con toda impunidad, por el Sur? La confrontación entre los partidarios del portavoz popular en el Congreso y el presidente de la Generalitat se hace, cada vez, más abrupta e insostenible. La disgregación del PP valenciano parece tan inevitable, como nula y herrumbrosa la capacidad de sus líderes para el diálogo: han alcanzado un punto de difícil retorno, donde se perpetúan las actitudes inflexibles y desastrosas, para una formación que inútilmente pretendió hacerse con el centro. Y con el anuncio público de las corrupciones, que alimenta el fragor de sus luchas internas, entre miedos y nerviosismos, el PP cede militancia a la ultraderecha. Era previsible: nunca renunció a sus orígenes. ¿Será esta la señal de un incipiente regreso a su verdadera naturaleza?

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 13 de noviembre de 2005