Zapatero rehace el borrador de Ley Especial y recorta las aspiraciones de Ruiz-Gallardón

El Ministerio de Administraciones Públicas, que dirige el socialista Jordi Sevilla, está rehaciendo el borrador de Ley Especial para Madrid, cuya primera versión elaboró el gobierno municipal hace más de un año y empezó a negociar con el Gobierno central hace tres meses. Sevilla exigió desde un principio que el borrador contara con el consenso de Ayuntamiento y Comunidad de Madrid. Como, a su juicio, no ha existido ese acuerdo, ha decidido elaborar él un texto nuevo y presentárselo a todas las partes "en las próximas semanas". Fuentes del PSOE conocedoras de la negociación aseguran que el proyecto definitivo recortará sustancialmente las aspiraciones del alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón.

La Ley Especial para Madrid es la normativa con la que el Ayuntamiento pretende que el Gobierno central, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, reconozca la peculiaridad y las necesidades financieras de la capital. El borrador inicial, elaborado hace un año por el concejal de Hacienda, Juan Bravo, reclamaba más competencias y, sobre todo, una participación mucho mayor en los impuestos estatales: el 10% del IRPF, el 20% de los impuestos especiales (tabaco, alcohol y gasolina) y el 30% del IVA (ahora recibe menos del 2%).

A esa aspiración económica, la principal, renunció Ruiz-Gallardón hace ya cuatro meses, cuando supo que el Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por el PSOE y que pedía lo mismo en su Carta Municipal, no había conseguido prácticamente nada en lo referente a la financiación.

"No vamos a pedir ni una coma más de lo que reciba Barcelona, pero tampoco menos", dijo entonces Juan Bravo. Por eso, del borrador que comenzaron a negociar en septiembre Ayuntamiento y Gobierno habían desaparecido ya los porcentajes reclamados de IVA, IRPF e impuestos especiales. El alcalde mantuvo, sin embargo, su petición de traspaso de ciertas competencias en materia de seguridad vial, policía científica y facultad para decretar expropiaciones.

También reclama Ruiz-Gallardón que el Ayuntamiento tenga más capacidad normativa sobre sus propios impuestos. Y anuncia tres modificaciones concretas si el Gobierno central le concede esa facultad: convertir el impuesto de bienes inmuebles (IBI, el principal tributo municipal) en un impuesto progresivo, en función del valor del edificio; introducir un descuento del 50% en este impuesto a las personas con rentas más bajas; y cobrar más en impuesto de plusvalía a quien venda solares vacíos -"para combatir la especulación"-.

Pero todo eso podría quedar en papel mojado, porque el proyecto de Ley Especial va a ser reelaborado ahora por el ministerio que dirige Jordi Sevilla. "Ante la falta de un acuerdo de las instituciones [Ayuntamiento y Comunidad] que nos remitieran un texto de la Ley Especial, lo que estamos haciendo es redactarlo nosotros. Cuando tengamos listo el borrador, en las próximas semanas, se lo remitiremos a las dos instituciones para que hagan las aportaciones que consideren", explica el ministro, informa José Manuel Romero.

El borrador sí ha sido discutido con la Comunidad, y el pasado septiembre el vicepresidente primero del Gobierno regional, Ignacio González, envió una carta a Sevilla manifestando el apoyo del Ejecutivo de Esperanza Aguirre al borrador de Ley Especial, según asegura el Ayuntamiento. Pero no ha existido una aprobación expresa del texto por parte de la Asamblea de Madrid -Barcelona sí sometió su Carta a la aprobación del Parlamento catalán-, y tampoco una declaración formal del Consejo de Gobierno de la Comunidad.

Participación del PSOE

El grupo socialista en la Asamblea y el grupo municipal socialista, ambos en la oposición, han colaborado con el ministerio en este último tramo de la elaboración de la Ley Especial. "Hemos participado aportando sugerencias. Yo se lo comenté a Gallardón y no le pareció mal", afirma Trinidad Jiménez, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento. Jiménez no quiere desvelar cómo quedará finalmente el proyecto, pero señala que "no va a ser el texto que propuso Gallardón".

Otras fuentes conocedoras de la negociación aseguran que la versión definitiva del proyecto recorta notablemente las reclamaciones sobre competencias y, sobre todo, las propuestas financieras, incluida la petición para introducir modificaciones en el IBI y otros impuestos municipales. "El texto va a quedar muy descafeinado", afirman. "Vamos a esperar a verlo. Pero, si es cierto que no se acepta nada de lo fundamental, habrá que preguntarle al ministerio por qué", dijo ayer el concejal de Hacienda.