Una apuesta andaluza por la transparencia política

Cuando en las encuestas de opinión se les pregunta a los ciudadanos por la valoración que se hace de los políticos, las respuestas no suelen ser demasiado favorables hacia sus personas y su dedicación. Esto es un reflejo de la percepción despectiva que se suele hacer de esta profesión. ¿O no es una profesión? Porque el aceptar a la política como vocación, o como profesión, es un debate que desde antiguo se ha mantenido, con la misma pasión con la que se hurga en el patrimonio de aquellos que un día decidieron dedicar su tiempo y su vida al servicio público.

Lo común suele ser dejarnos llevar del comentario fácil que nos invita a pensar en que nadie actúa de forma gratuita, y que cuando se ocupa un determinado puesto es porque a cambio se obtiene un beneficio. Por ello, lo más clarificador sería preguntarnos por qué alguien se dedica a la política.

Existe una gama variada y extensa de motivos que van desde los más altruistas como son: por compromiso con un proyecto social, por prestar un servicio a la comunidad, por defender unos principios y valores, etcétera, hasta aquellos que lo hacen por ambición de poder, por distribuir y administrar los recursos, por garantizarse un futuro profesional, a él y sus allegados, para enriquecerse, etcétera. En cualquier caso depende de cada uno, no todos manifiestan las mismas inquietudes.

Lo cierto es que cuando se analiza el perfil de los políticos que en la actualidad nos gobiernan se detectan muy variados perfiles. Encontramos aquellos que iniciaron su andadura en el partido político, y poco a poco han ido escalando puestos por la designación de quien distribuía tales cargos, y aquellos otros que se integraron en la política para desempeñar un alto cargo, al ser requeridos por su profesionalidad, y su competencia técnica. En el caso de estos últimos, suelen acabar por incorporarse a la vida del partido político adoptando algunas de las actitudes de los primeros. No obstante, suelen gozar de mayor independencia porque su remuneración no sólo depende de ese cargo político, al ser, en la mayoría de los casos, funcionarios de carrera. En síntesis, la cuestión económica en el ámbito personal y del partido político se convierte en un factor que afecta a la capacidad de decidir, actuar y administrar, y lo que también es importante a la percepción de la política y los políticos.

Por ello, sería muy útil poder responde a esta pregunta: ¿Qué papel juega el dinero en los procesos políticos?, ¿cómo han de financiarse los partidos políticos para disponer de las mismas oportunidades?, ¿el político busca enriquecerse con la política, o pierde dinero con la política?, ¿son todos los políticos iguales?

En política, con la misma dejadez de quien sin argumentos afirma o niega algo, se suele manifestar un sentimiento de duda continuo, de incredulidad hacia los sentimientos más nobles de alguien, que no por incierto es llamativo, sino por cuantas consecuencias conlleva el dejarse arrastrar por una corriente de opinión o un sentimiento compartido que no se sabe bien cuando ni por qué surgió. En concreto ¿por qué expresiones como estos sinvergüenzas, corruptos...?

El argumentar las razones por las que se suele vincular a la política con la corrupción conduciría a una casuística tan variada como extensa a los largo de la historia y de toda la geografía mundial, porque es una falacia el relacionarla con los contextos de mayor pobreza, ahí se deja notar más, pero no es mayor que en países democráticamente consolidados y muy desarrollados.

Según los estudios de las instituciones que tratan de luchar contra la corrupción, la mayoría de los casos se producen alrededor de las campañas electorales, la financiación de los partidos y el enriquecimiento personal de quien distribuye recursos. Estos organismos establecen dos formas de afrontarla: la prevención y la represión. La represión exige un esfuerzo externo que no alcanza grandes resultados porque no existe una estrategia global que evite este fenómeno complejo. Por ello, apuestan por la educación, la formación, la sensibilización, la investigación y la transparencia como medios mucho más eficaces.

Incentivar la honestidad es la mejor forma de luchar contra el deseo de apropiarse de lo ajeno, de cobrar comisiones u ofrecer sobornos, de encontrar la formula para que aquel cuyo verdadero motivo no sea el dedicarse a representar a otros para mejorar sus condiciones de vida, no le sea rentable entrar en política o quedarse en ella.

Procurar la transparencia en todos los procesos políticos es lo que puede acabar con el entorno más oscuro donde se alojan los intereses más alejados de lo que es en esencia el servir a unas ideas y a un pueblo.

Por ello, el establecer por decreto en Andalucía la obligatoriedad de declarar el patrimonio de un alto cargo, es un indicador de transparencia, donde lo trascendental no es si el afectado miente o no, si se refleja o no su realidad patrimonial y la de su entorno más próximo. Lo verdaderamente relevante es que se ponen barreras y semáforos en rojo para aquellos que sueñen con dedicarse a la política con el fin de garantizarse unas rentas y un patrimonio. Con una declaración patrimonial se sabe cuales son: el punto de partida, económicamente hablando, y de llegada. Será un elemento persuasivo para espantar y ahuyentar a los que nunca debieron gozar de la confianza de los ciudadanos.

El adversario siempre podrá desconfiar de que la otra parte miente, pero eso no le eximirá de corresponsabilizarse con sus representados y hacer público su patrimonio, por eso no sólo debería aplicarse a los altos cargos de la administración autonómica, sino a todos los políticos que representen al pueblo, y a todos los que tengan capacidad de tomar decisiones políticas, incluso dentro de los propios partidos políticos. Sobre todo, porque la corrupción es una amenaza que atenta contra los principios y valores democráticos, afecta a la confianza de los ciudadanos en la democracia y daña el concepto de legalidad poniendo en peligro el progreso social, económico y político de un pueblo.

Susana Corzo Fernández es profesora de Ciencia Política en la Universidad de Granada.