"Hay una coincidencia de intereses entre el PP y la Iglesia"

La ministra de Educación, María Jesús San Segundo, acaba de cerrar un acuerdo con los sindicatos de la enseñanza concertada y, en medio de la agitación que sacude estos días al mundo educativo, parece tranquila. En su mesa del despacho de la calle de Alcalá hay montones de informes, notas manuscritas, recortes de prensa, cedés... y en una esquina un libro: El asalto a la educación, de Katarina Tomasevski.

Pregunta. El Gobierno abrió un diálogo "abierto y fluido" con las organizaciones sociales y con la Iglesia sobre la reforma educativa, pero al final han convocado una manifestación contra su ley. ¿En qué han fallado?

Respuesta. Cuando dos dialogan hace falta la voluntad de los dos para llegar a un acuerdo, así que tendremos que preguntarnos todos cómo conseguir un buen acuerdo, que es lo que nos hace falta. Hemos dialogado y hay que seguir haciéndolo.

"No es verdad que la ley no recoja la libertad de enseñanza como dice la Iglesia o que la enseñanza de religión católica no esté protegida"

"Tenemos el deber de garantizar a las familias que van a encontrar una enseñanza gratuita en todos los centros financiados con fondos públicos"

P. ¿Pero atribuyen el fracaso de las negociaciones a la Iglesia?

R. No es posible que la Iglesia no esté de acuerdo con lo que dice la ley respecto a la religión católica.

P. La manifestación del sábado deja patente que no han logrado el consenso con toda la comunidad educativa, igual que le pasó al PP con la Ley de Calidad.

R. No estamos en la misma posición, porque tenemos acuerdos con los sindicatos de profesores de la enseñanza pública, que representan a más del 80% de los profesores y los sindicatos de profesores de la concertada que representan al 92% de la concertada están trabajando con diversos grupos parlamentarios para llegar a un acuerdo sobre la ley. Además, hemos heredado un sistema educativo lleno de heridas que tienen que cicatrizar. Hemos mantenido un debate durante año y medio, y todos tenemos que seguir haciendo esfuerzos si de verdad queremos acuerdos. Nosotros estamos dispuestos. Seguimos abiertos al diálogo. Todos creemos que hay principios importantes que hay que mantener en la ley, pero hay muchas cuestiones sobre las que podremos seguir trabajando.

P. Ha levantado ampollas que la ley defina la educación como "servicio público". Los obispos consideran que con esto se pretende estatalizar la educación.

R. Las palabras tienen diferentes interpretaciones. Me parece que darle a la población el servicio educativo es una de las mejores ambiciones que podemos tener, lo veo como una expresión positiva de vinculación de la sociedad con los centros más que como ninguna otra cosa.

P. ¿No cree que los obispos están apoyando al PP?

R. Hay una coincidencia de intereses y estrategias entre el PP y los obispos, que ellos deben explicar. Respeto sus decisiones, como el ejercicio del derecho de manifestación. Pero sí creo que nos deben explicar claramente las razones de la protesta. Porque no es verdad, por ejemplo, que la ley no recoja la libertad de enseñanza, como ellos dicen, o que la enseñanza de religión católica no esté protegida en la ley.

P. ¿Se esperaba esta manifestación al presentar la ley?

R. Mi responsabilidad es trabajar, dialogar y debatir: Ellos han decidido realizar la manifestación y a ellos corresponde explicarla.

P. Pero esa coincidencia de intereses entre los obispos y el PP era previsible.

R. Es algo que debe preguntarse a ellos. No están claros los puntos fundamentales de su crítica. Han ido oscilando como si no tuviesen ningún argumento sólido.

P. ¿Quiere decir que es una manifestación política, no educativa?

R. Eso lo tienen que decir ellos. Nosotros respetamos el derecho a manifestarse. Y son ellos los que tienen que explicar el contenido de la controversia. Por ejemplo, uno de los lemas utilizados ha sido que estaban contra el fracaso escolar. Todos estamos en contra del fracaso escolar. Y esta ley es la máxima apuesta que se ha hecho nunca por el éxito escolar, por mejorar las competencias en lectura, matemáticas, idiomas... y además conseguir que el 85% de los jóvenes haga bachillerato o FP que es lo que piden las directrices europeas.

P. Dicen los centros concertados que con esta ley les pueden quitar conciertos. ¿Es verdad?

R. El argumento que da la concertada de que esta ley no respeta la libertad de enseñanza no es cierto porque esta libertad está regulada en la Constitución y en la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), que ha estado en vigor 20 años y va a seguir estando en vigor. Si ellos quieren decir que ahora esto va a estar en peligro, lo estaba igual hace cuatro, 10 o 15 años. Y el Consejo de Estado ha avalado que la nueva ley no tiene ningún punto que lo cuestione.

P. Otra queja de los manifestantes es que la ley crea comisiones de escolarización a las que tendrán que acudir los padres para solicitar centro y que serán las que distribuyan a los alumnos. ¿Será así?

R.

La ley recoge el derecho de las familias a la elección de centro para sus hijos. Pero tiene que ocuparse también de qué se debe hacer cuando hay más solicitantes que plazas. Las normas y las administraciones fijan unos criterios que son los habituales para admitir a un alumno (como la distancia del domicilio, renta o número de hermanos), pero luego hay que ponerlo en práctica. Ninguna ley puede entrar en todos los detalles. Lo que en el debate se ha pedido es que, manteniendo el modelo de conciertos, se establezcan comisiones de garantías de admisión. Éstas vigilarán que esas normas se apliquen de la mejor manera. Tras la ley habrá que hacer desarrollos y habrá un margen para las administraciones educativas.

P. La concertada piensa además que peligran los conciertos porque con la legislación en vigor se les conceden si los solicitan y cumplen los requisitos, pero con la nueva ley sólo se recoge su derecho a solicitarlos.

R. Las administraciones tienen que hacer frente a su responsabilidad de fijar las condiciones que deben cumplir los centros para recibir los conciertos pero también de garantizar que existen plazas adecuadas para toda la población. No podemos renunciar a ninguna de esas responsabilidades.

P. ¿Por qué han establecido en la ley que los centros concertados ya no podrán cobrar a los padres a través de asociaciones de padres o fundaciones, por ejemplo?

R. Tenemos el deber de garantizar a las familias que van a encontrar una enseñanza gratuita en todos los centros financiados con fondos públicos. Aunque esto no impide que existan actividades voluntarias extraescolares o complementarias.

P. Pero entonces, si la concertada dice que no recibe dinero suficiente del Estado para subsistir y se le impide que cobre a los padres, en cierto modo sí se la puede estar ahogando.

R. La ley recoge también que los centros que atiendan a un porcentaje elevado de alumnos con necesidades de apoyo educativo recibirán más recursos de la Administración. La ley pone más rigor en la responsabilidad de las administraciones sobre estas cuestiones.