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La abstención de ICV, CiU y PP facilita que la ordenanza de convivencia pase la primera prueba

La oposición municipal critica a Clos por la "debilidad" de su equipo de gobierno

Blanca Cia

La nueva ordenanza de convivencia de Barcelona superó por muy poco la prueba de la comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Barcelona por mayoría simple: 20 votos favorables, de los concejales socialistas y republicanos, frente a 21 abstenciones, de ICV-EUiA, CiU y el PP. Fue la abstención de éstos la que tuvo la llave para que el texto presentado ayer se someta al periodo de alegaciones y llegue al último plenario del mes de diciembre. Un equilibrio de fuerzas que refleja la división del tripartito municipal y lo que se podría calificar de capotazo de la oposición al alcalde, Joan Clos.

El texto que finalmente se aprobó ayer en el consistorio es una refundición del documento inicial con algunas enmiendas presentadas prinicipalmente por los socios del equipo de gobierno. Algunas de las cuestiones en las que no hay acuerdo entre los socios y la oposición son las relativas a conductas en el espacio público.

- Prostitución. Esta actividad recibe el nombre de "utilización del espacio público para la oferta y demanda sexual". Se limita la prostitución callejera cuando pueda llegar a excluir otros usos del espacio público y especialmente se prohíbe en los lugares situados a menos de 200 metros de los colegios. El incumplimiento puede suponer una sanción de hasta 750 euros al cliente, que puede llegar a 3.000 euros si se mantienen relaciones en la calle. ICV rechaza cualquier tipo de regulación, mientras que CiU y el PP plantean que se prohíba totalmente la prostitución callejera.

- Mendicidad. Se prohíbe la mendicidad que coaccione o sea agresiva, como la que ejercen los limpiacristales, una conducta que puede ser sancionada con multas de entre 750 y 1500 euros. En esta cuestión, ICV reclamaba que no se incluyera entre quienes practican la mendicidad al indigente social, para quien se demanda una intervención de los trabajadores sociales y no de la Guardia Urbana. No hay acuerdo total con ICV.

- Bebidas alcohólicas. Queda vedado el consumo de bebidas alcohólicas en envases de vidrio y cuando su consumo altere la tranquilidad del entorno, un criterio subjetivo cuya concreción dependerá de la Guardia Urbana. Las multas oscilan entre 30 euros y 1.500 euros. CiU y el PP plantean la prohibición total del consumo salvo en terrazas, fiestas o actos autorizados.

- Juegos. La ordenanza prohíbe los juegos de apuestas, como el trile, y los sanciona con multas de entre 750 y 3.000 euros. Y en otro apartado restringe la práctica de otros juegos, como el monopatín, si ocasionan molestias en el espacio público. ICV cree que la ordenanza no debe entrar en ello.

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- Responsabilidad en actos. La ordenanza establece que el Ayuntamiento no autorizará la celebración de fiestas o actos en el espacio público cuando considere que las circunstancias "puedan poner en peligro la seguridad o el civismo". Ese mismo artículo decía en el texto inicial que los organizadores deberían suscribir una póliza de seguro para atender posibles responsabilidades. La condición ha desaparecido por las enmiendas de ICV y ERC.

Peras y manzanas

"No es verdad que se tenga más sensibilidad por no encarar los problemas; si se gobierna, se tienen que afrontar". Joan Puigdollers (CiU) se refería a la prostitución callejera y recriminaba su actitud a ICV, que se niega a cualquier regulación. Esa formación fue la más atacada ayer por la oposición municipal, que de paso aprovechó la situación generada para atacar la "debilidad" del gobierno de Joan Clos. "El texto inicial era mejor y se ha rebajado porque ha sido cuestionado por los socios", añadió Puigdollers. En parecida línea se expresó Jordi Cornet (PP), quien preguntó a ICV si se considera gobierno u oposición: "A ver si se aclaran, o gobiernan o hacen oposición".

El regidor Ricard Gomà (ICV) salió al paso de tanta crítica: "Hoy nos abstenemos en la votación, pero no nos pongan en el mismo saco [el de las abstenciones de CiU y el PP] porque estamos mucho más cerca del PSC que de ustedes. No mezclen peras con manzanas. El equipo de gobierno goza de buena salud".

Assumpta Escarp, la regidora de Participación del PSC, quien ha dirigido todo el proceso, también se defendió de las críticas de incoherencia política al defender el primer texto y el aprobado ayer: "Es fruto de un proceso de diálogo que es la base de la búsqueda del consenso, que es lo que nos piden los ciudadanos. Y eso no significa renuncia".

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Sobre la firma

Blanca Cia
Redactora de la edición de EL PAÍS de Cataluña, en la que ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en diferentes secciones, entre ellas información judicial, local, cultural y política. Licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona.

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