La Plana diseña un plan frente a los asentamientos de temporeros

Los alcaldes de la Plana Baixa de Castellón decretarán, a partir de ahora, el desalojo de los asentamientos ilegales de temporeros y pedirán refuerzos a la Guardia Civil para su ejecución si lo consideran necesario. Además, agentes de la Policía Local o de la Guardia Civil identificarán a las personas que ocupen el asentamiento y compartirán la información con el resto de municipios para evitar que las mismas personas formen otros asentamientos una vez desalojadas. Estas son algunas de las medidas adoptadas ayer en la reunión mantenida por el subdelegado del Gobierno, Juan María Calles, con responsables de los ayuntamientos de la Plana Baixa afectados por el establecimiento de campamentos ilegales.

Con este plan común los municipios pretenden buscar una solución global y evitar que el desalojo de un asentamiento suponga su reaparición en otro municipio. También porque, según dijo Calles, los asentamientos ilegales "esconden" situaciones de explotación laboral, por lo que además se incrementará la intervención de la Inspección de Trabajo.

De momento, en la Plana Baixa se han detectado asentamientos ilegales en cinco municipios, de los que tres han sido resueltos y dos están en fase de resolución mediante el desalojo.