La Sindicatura de Cuentas halla anomalías de 10 millones en FGC en la época de CiU
El informe de la Sindicatura de Cuentas sobre la contabilidad de Ferrocarrils de la Generalitat en los últimos años de CiU es demoledor: no contabilizaba partidas que debían figurar en los activos y que suponen un 44% del total, se sobrevaloraba el resultado de las empresas más deficitarias (La Molina, Núria y Cremallera de Montserrat) para disimular las pérdidas, no se hacía provisión de fondos para los premios de jubilación de los empleados (1.137 millones de euros a 31 de diciembre de 2002), se aplazaba el pago de intereses para mejorar los resultados. Y esta lista, con ser larga, no incluye lo más grave: dos contratos blindados (ambos ilegales) para el presidente de la empresa, Antonio Herce, y la creación de un fondo de pensiones que finalmente se liquidó antes de tiempo sin conocimiento, ni en la constitución ni en la liquidación, del Consejo de Administración de la empresa. Gracias a esta operación casi clandestina, 15 directivos de la firma pública se repartieron 3,2 millones de euros. También se perdieron seis millones en la venta al GIF del informe sobre el trazado del AVE.
Los partidos reconocen irregularidades en el sistema de contratación de la empresa municipal Barcelona Regional
La deuda de Televisió de Catalunya ascendió a 143 millones de euros en 2001, según un informe de control
15 directivos de Ferrocarrils de la Generalitat se repartieron 3,2 millones de euros a espaldas del Consejo de Administración
Comparada con esto, la desviación sin control contractual, de más de seis millones de euros en la construcción del cremallera de Montserrat, es casi una nonada, lo que equivale a un incremento del 24% nunca rubricado con un contrato. Al menos, los diputados de la izquierda así lo consideraron. Jordi Turull (CiU), tuvo que lidiar el informe y se limitó a destacar sus aspectos positivos, pasando por alto todo lo demás. La izquierda, en cambio, se cebó. Jordi Terrades (PSC), Jordi Castells (ERC) y, sobre todo, Joan Boada (ICV) no dejaron pasar el hecho incuestionable, dijo este último, de que lo que hicieron los directivos de la empresa pública fue repartirse dinero de los ciudadanos. Con ese dinero, recordó Terrades, se hubiera podido construir una escuela pública o tres centros de atención primaria.
Boada fue más allá y pidió que no se abandone el asunto y se haga lo posible para que el dinero sea resituido al erario público. Como primera providencia, reclamó a la sindicatura el nombre de los 15 agraciados con una media de 32 millones de pesetas, en un "delito clarísimo". En su opinión, estos directivos abrieron el cajón del dinero, metieron la mano y la sacaron llena de billetes para su disfrute personal.
Documento fiscalizador
Boada evocó los titulares de Política Territorial que de 1991 a 2000 ignoraron o consitieron la operación: Joaquim Molins, Josep Maria Cullell, Jaume Roma, Artur Mas y Pere Macias. Terrades se preguntó que si no sabían lo que pasaba en las empresas de su departamento, ¿cómo dirigían el país? Y exigió el retorno del dinero con intereses: cuatro millones de euros.
La sindicatura también presentó un documento fiscalizador de Barcelona Regional, la empresa municipal creada por el Ayuntamiento de Barcelona y los de otras localidades para estudiar proyectos urbanísticos en el área metropolitana. El informe, que analiza el periodo 1993-2001, señala la existencia de anomalías en los sistemas de contratación. Así, indica que algunos proyectos se redactaron y entregaron antes de la firma del contrato, algo que contraviene la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Barcelona Regional amplió el contrato a diversas empresas de forma directa, es decir, sin respetar los principios de publicidad y concurrencia. Esta variación supuso "incrementos significativos" sobre el importe contratado inicialmente. La sociedad aludió a "razones técnicas, de urgencia y otras excepcionales", indica el informe. CiU pidió a la Sindicatura un nuevo informe más duro, pero el tripartito replicó que los jueces han dado por válida la forma de operar de Barcelona Regional.
Los diputados de los cinco partidos con representación en el Parlament reconocieron la existencia de irregularidades, aunque en un tono muy distinto. El convergente Jordi Turull aprovechó para desquitarse de las críticas y replicó en la petición de responsabilidades. A juicio del representante nacionalista, la entidad metropolitana (controlada por los socialistas) se creó "para eludir la ley de contratos", puesto que "adjudicaba centenares de millones en obras sin concurso ni publicidad". Y recordó que personajes como Pasqual Maragall y Joan Clos formaron parte del Consejo de Administración de la empresa. "¿Se les puede pedir responsabilidades a ellos?", se preguntó. En otro informe sobre Televisió de Catalunya, los síndicos señalaron la deuda acumulada por el organismo público, que en 2001 ascendía a 143 millones de euros.
