La ley

Es preciso reconocer que la difusión del patrimonio de los altos cargos de la Junta de Andalucía y la próxima de los diputados del Parlamento andaluz es un sano ejercicio de transparencia que debería contribuir al convencimiento de que la inmensa mayoría de los políticos son gente honrada y que la política no es una vía para el enriquecimiento personal. Podemos hacer muchas otras consideraciones respecto a quienes ejercen de manera profesional la política, pero no cabe duda de que es necesario que haya gente dedicada a la gestión de lo público y que haya mecanismos de control sobre su actuación. Con este fin, la difusión del patrimonio de los gobernantes es una buena medida, moderna y eficaz. Por eso, me parece absolutamente desproporcionado poner en duda estas declaraciones y hacer un uso abusivo sobre la información expuesta. Es injusto e indigno si, además, lo hace alguien que no tiene las mismas obligaciones o quien jamás consideró esta posibilidad cuando tuvo ocasión. No parece que semejante conducta sea ética por mucho que ahora nos diga Javier Arenas que en unas semanas expondrá las cuentas de su familia, porque parece que tiene como único fin reiterar la maldad "nadie se cree la declaración del presidente de la Junta". Quienes en su día usaron la vida privada de los adversarios recibieron su rapapolvo electoral e incluso alguno el exilio interior en Baena. Debemos felicitarnos de tener mayores mecanismos de control público. No era obligatoria una ley así, pero una vez aprobadas las leyes son de obligado cumplimiento.

Por eso, llama la atención que la consejera de Bienestar Social, Micaela Navarro, critique la resolución judicial por la cual se atenúa el régimen de reclusión de las asesinas de la niña de San Fernando, Klara García, usando el argumento de que "además de la ley está el sentido común". No es así. La ley debe ser la normativa del sentido común, y cuando no lo sea, debe cambiarse. Pero un gobernante no puede hacer una llamada a la insumisión. ¿Aplicamos antes el sentido común que la ley? ¿El sentido común quiere decir la aceptación popular? Un gobernante puede decir que no le gusta una resolución judicial, puede solicitar una revisión legal del caso o promover un cambio legal, pero nunca indicar que hay atajos para que las sentencias contenten a todos.