El TSJA ordena el cierre de cuatro canteras de Alhaurín de la Torre que carecen de licencia municipal
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha ratificado la situación de ilegalidad de cuatro canteras de Alhaurín de la Torre que carecen de licencia municipal (. La sentencia, dictada el pasado 17 de octubre, ratifica la emitida en 2001 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Málaga contra la que presentaron recurso las empresas afectadas, que ahora se verán obligadas a cerrar sus instalaciones.
El asunto provoca un conflicto social en la ciudad, como ya se reflejó ayer en la conferencia de prensa en la que la Plataforma por la Defensa de la Salud y la Sierra dio a conocer la sentencia y a la que acudió un grupo de trabajadores de las canteras para protestar porque el cierre de las extracciones les puede dejar sin puesto de trabajo.
Según un portavoz de los trabajadores, hay afectadas unas 200 familias, aunque la plataforma asegura que en las canteras afectadas hay 45 empleados.
El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, que asegura que aún no ha recibido la notificación de la sentencia del TSJA, ya anunciado que cuando lo haga "decretará el cierre de las cuatro explotaciones". El consistorio que preside Joaquín Villanova (PP) entiende que la medida puede causar perjuicios importantes para los trabajadores, las empresas y el sector de la construcción, pero "está obligado a cumplir la ley y ejecutar las órdenes que dimanen de los jueces".
El consistorio sostiene que el problema de la falta de licencia de estas explotaciones es "heredado" de hace unos 30 años, cuando se establecieron estas empresas en la zona. El TSJA reconoce que la actividad venía desarrollándose desde hace tiempo y que el Ayuntamiento la conocía, pero que "la simple tolerancia al desarrollo de la actividad no equivale a su otorgamiento".
Tres de las canteras declaradas ilegales, Retamero, Teralpe y Minas de Alhaurín, sólo tenían permiso para una planta clasificatoria y trituradora, pero no extractiva. La cuarta, Troconal, no tenía ningún tipo de permiso.
El coordinador provincial de IU -formación que puso el recurso origen de la sentencia- , José Antonio Castro, abogó ayer porque entre todas las administraciones y las empresas se busquen soluciones para los puestos de trabajo y el mantenimiento de cierta actividad sin gran impacto, y aseguró que "los responsables de la situación son el Ayuntamiento y las empresas, que han permitido durante tantos años la situación de ilegalidad que ha causado daños irreparables a la sierra".
