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Reglamento REACH: química bajo control

En 1962, Rachel Carson escribió un libro que marcó hasta tal punto la historia del movimiento ecologista y ambientalista moderno que, en opinión de algunos autores, señala el inicio de ese importante movimiento social. El libro titulado La primavera silenciosa constituyó un demoledor alegato en contra de la contaminación química generalizada que sufrimos los seres humanos, la biodiversidad y la naturaleza. Hace ya 43 años Rachel Carson alertaba en su libro: "Hemos permitido que los productos químicos sean utilizados con escasa o ninguna investigación previa de su efecto sobre el suelo, agua, fauna, y el propio ser humano. Es poco probable que las generaciones futuras perdonen nuestra falta de prudencia y preocupación por la integridad del mundo natural sobre el que se apoya toda la vida".

Ahora tendrá que ser la industria quien demuestre que las sustancias no son peligrosas
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La propuesta de reglamento comunitario REACH (acrónimo en inglés de Registro, Evaluación y Autorización de Sustancias Químicas) ocupa, en estos momentos, junto al cambio climático el primer lugar de la agenda ambiental europea. Este mes el Parlamento Europeo votará la propuesta de reglamento y se espera que en 2006 se obtenga su aprobación. El REACH es un sistema único de gestión de sustancias químicas que apuesta por proteger la salud y el medio ambiente y aumentar la transparencia en la información, al tiempo que se preocupa por mantener la competitividad de la industria química y respetar las obligaciones internacionales de la UE en el marco de la Organización Mundial de Comercio.

El proceso de preparación del reglamento se está viendo condicionado por el despliegue de fortísimas presiones por parte de la industria química europea, la mayor del mundo con un 35% de la producción total y 1,7 millones de empleos directos. En palabras de la anterior Comisaria Europea de Medio Ambiente Margot Wallström, "la presión política a la que se ha tenido que enfrentar la administración europea con ocasión del reglamento REACH ha sido mucho más intensa que la conocida ante cualquier otra propuesta legislativa presentada por la Comisión desde 1999". En 2001, la Comisión Europea presentó el Libro Blanco relativo a la problemática de la gestión de sustancias y preparados químicos. En él, la Comisión señalaba las pautas para hacer compatible a la industria química con el modelo de desarrollo sostenible por el que ha apostado la Unión. El Libro Blanco anunciaba la necesidad de confeccionar un reglamento común para todas las sustancias (REACH), que agrupe las 40 normas existentes y exija un conocimiento preciso de las propiedades de aquellas sustancias que se comercializan en la UE. Otro aspecto decisivo del nuevo reglamento es que propone invertir la carga de la prueba. Hasta ahora eran las autoridades públicas quienes debían demostrar el peligro de las sustancias químicas para prohibirlas, mientras que la propuesta del reglamento es que sea la industria quien demuestre que las sustancias no son peligrosas para la salud humana y el medio natural antes de que sean comercializadas. Se trata de que no siga ocurriendo, como hasta ahora, que una sustancia química que no ha pasado por un adecuado control del riesgo o, incluso sabiéndose que es peligrosa para la salud, pueda seguir circulando en el mercado durante el largo proceso que requiere que las autoridades públicas la estudien y prohíban.

El futuro reglamente estima necesario suplir la carencia de información rigurosa sobre el tema, elaborando un registro de todas las sustancias químicas que se fabriquen o importen en cantidades superiores a una tonelada anual (alrededor de 30.000). Define un procedimiento por el que se evalúan el expediente y la sustancia, con lo que, entre otros objetivos, se pretende evitar pruebas innecesarias con animales y obliga a solicitar una autorización para las sustancias "muy preocupantes". Esta sólo se concederá si no existe otra sustancia más saludable que pueda sustituir a la anterior -bajo unos parámetros técnicos y económicos adecuados- y siempre que la relación entre el riesgo y los beneficios socioeconómicos que entrañe su utilización sea positiva.

Todas las personas, sin excepción, están expuestas en su vida cotidiana a cientos de sustancias químicas. De las más de 40 que se encuentran en la sangre de una persona corriente, solo el 2% han sido evaluadas científicamente de una manera rigurosa. Las más peligrosas son las denominadas "extremadamente preocupantes". A ese grupo pertenecen las muy persistentes (no se descomponen con rapidez en el medio ambiente), las muy bioacumulables (llegan a través de la cadena alimentaria y se acumulan en el cuerpo), las que tienen una combinación de toxicidad, bioacumulación y persistencia, las que son disruptores endocrinos, cancerígenas, mutagénicas y las que son tóxicas para el sistema reproductor.

En la Unión Europea están registradas 100.106 sustancias químicas de las que apenas se dispone de información sobre sus efectos sobre la salud y el medio ambiente. Son las que fueron registradas antes de 1981. El 99% de las que se comercializan en la actualidad pertenecen a ese grupo. Las únicas que han conocido un control más estricto han sido las 3.000 que se han puesto en el mercado desde esa fecha. Recientes estudios de la Comisión Europea calculan que las sustancias químicas cancerígenas provocan 32.500 muertes de trabajadores al año. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha estimado que anualmente mueren 440.000 trabajadores debido a su exposición a agentes químicos. Como resultado de la enorme presión que la industria química viene realizando estos años la propuesta de reglamento REACH ha ido perdiendo ambición ambiental.

La UE está a punto de abordar una de las normas de mayor calado ambiental de toda su historia. Está en juego un aspecto decisivo de la salud humana y de la salud del medio ambiente. Si fracasamos, la contaminación química de las personas, la biodiversidad y el medio natural continuará durante décadas y habremos perdido una ocasión de oro para ir haciendo realidad el avance de los pueblos europeos hacia un modelo de desarrollo más sostenible. Es en estas batallas concretas donde la Unión se juega su credibilidad ambiental ante sus propios ciudadanos y la opinión pública del resto del mundo. Ante este reto crucial la ciudadanía europea debe hacer llegar su voz al Parlamento, la Comisión y los Estados miembros.

Antxon Olabe es economista ambiental y Marina Otxoteko, técnico ambiental.

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